Un grupo fuertemente armado ingresó a una propiedad en la zona rural de Malambo, sometió el lugar durante horas y ejecutó un millonario robo de ganado, vehículos pesados y equipos agrícolas que paralizó por completo la producción.

La violencia y la delincuencia golpearon con fuerza al sector agropecuario del departamento del Atlántico tras un asalto en la zona rural del municipio de Malambo.

Los hechos se registraron hacia las 6:00 de la tarde del jueves 8 de octubre en la finca Villa Inés, situada en el corregimiento de Caracolí, cuando varios sujetos armados irrumpieron en la propiedad.

Los criminales tomaron el control del predio y permanecieron allí durante varias horas con total impunidad, tiempo que utilizaron para desmantelar la infraestructura productiva y cargar con un botín avaluado en cientos de millones de pesos.

De acuerdo con el reporte oficial entregado por el empresario agropecuario Edgar Orozco, los asaltantes sustrajeron 60 cabezas de ganado bovino, una máquina ordeñadora, un transformador eléctrico y varios camiones de carga, consumando un golpe que deja totalmente inoperativa la hacienda.

“Se están burlando de los controles de la Policía; necesitamos medidas de fondo y unión privada”, expresó el agropecuario.

Tras conocerse el hecho, las alarmas se encendieron en todo el gremio ganadero regional, cuyos integrantes advirtieron que esta modalidad delictiva afecta de manera implacable tanto a grandes haciendas como a pequeños productores de municipios aledaños como Ponedera.

Ante este panorama crítico, los afectados lanzaron un llamado urgente a la Policía del Atlántico y al grupo de Carabineros para exigir acciones operativas inmediatas y una articulación directa con el sector privado que permita desarticular a las organizaciones criminales dedicadas al abigeato y al hurto de maquinaria agrícola.

El propietario afectado cuestionó severamente la escasa capacidad de reacción y control en las carreteras de la región, señalando como inadmisible que los responsables hayan transitado libremente con una caravana de cinco o seis camiones cargados con los animales hurtados sin que ningún retén policial los requiriera para verificar la legalidad de la carga o los documentos de transporte.

Las autoridades policiales no reportan capturas ni pistas sobre el paradero de los delincuentes, mientras los productores agropecuarios exigen presencia institucional permanente.