“El que quiera farandulear con escoltas, que pague”: Abelardo anuncia revisión de los esquemas de la UNP
La administración de Abelardo de la Espriella revisará vehículos blindados, contratos y medidas de protección para determinar si están justificadas por riesgos reales. El vocero Miller Soto advirtió que los recursos públicos no deben destinarse a esquemas de seguridad sin sustento técnico.
El Gobierno nacional anunció una revisión de los esquemas de seguridad administrados por la Unidad Nacional de Protección (UNP) para establecer si las personas beneficiarias enfrentan amenazas que justifiquen el uso de escoltas y vehículos oficiales. La medida fue anunciada por el vocero gubernamental, Miller Soto, quien respaldó los hallazgos expuestos por el director de la entidad, Didier Fabián Blanco Rodríguez, ante el Congreso.
En medio de este anuncio, Soto lanzó una frase que resume la posición de la administración: “El que quiera farandulear con escoltas, que pague por eso”, en referencia a los esquemas que, según el Gobierno, podrían estar asignados sin una justificación suficiente.
Revisarán camionetas, contratos y esquemas de seguridad
De acuerdo con lo expuesto por el vocero, la entidad adelanta una evaluación de vehículos oficiales, contratos y medidas de protección entregadas a distintos beneficiarios. El propósito es determinar si estos recursos cumplen con los criterios técnicos necesarios para continuar siendo financiados por el Estado.
La revisión también pone bajo análisis los esquemas de alto costo, en un intento por establecer si corresponden a situaciones de riesgo verificadas o si requieren modificaciones.
El Gobierno sostiene que las decisiones sobre la asignación y continuidad de las medidas deben fundamentarse en estudios de riesgo y no en criterios ajenos a las necesidades de seguridad de cada persona.
¿Quiénes tendrán prioridad en la protección?
La administración de Abelardo de la Espriella asegura que la revisión no busca retirar la protección a quienes realmente la necesitan, sino garantizar que los recursos disponibles se destinen a personas con amenazas comprobadas.
Entre los grupos cuya protección resulta fundamental están los líderes sociales, los defensores de derechos humanos y otras personas que enfrentan riesgos por sus actividades o responsabilidades.
Por ahora, el anuncio se centra en la evaluación de los esquemas existentes y en la verificación de los criterios utilizados para asignarlos. Los resultados de ese proceso permitirán conocer qué medidas podrían mantenerse, modificarse o retirarse, según las condiciones de cada caso.
El gasto público, en el centro del debate
La revisión de la UNP abre una nueva discusión sobre el uso de los recursos estatales destinados a la seguridad. Mientras el Gobierno plantea controlar los costos y revisar posibles asignaciones injustificadas, la aplicación de los cambios deberá tener en cuenta las evaluaciones técnicas y las condiciones de riesgo de cada beneficiario.
La administración insiste en que la protección frente a amenazas reales seguirá siendo una prioridad, pero advierte que no financiará esquemas que no cumplan con los requisitos establecidos.
PAUTE
AQUÍ
420 px x 450 px
INFO AQUÍ