El Consejo de Estado confirmó la responsabilidad del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche de Santa Marta por la muerte del menor en 2008. El proceso demostró errores de diagnóstico, tratamientos insuficientes y la omisión de un medicamento clave.

Hoy tendría 20 años y su familia habría podido verlo crecer. Pero murió cuando apenas tenía dos, después de una cadena de errores médicos en el hospital al que fue llevado para recibir tratamiento. Dieciocho años después, el Consejo de Estado confirmó que las fallas en su atención le costaron la vida y dejaron a sus familiares sin la posibilidad de acompañarlo hasta la edad adulta.

La respuesta definitiva llegó el 7 de septiembre de 2026. La Sección Tercera, Subsección A, del alto tribunal, con ponencia de la magistrada Zoranny Castillo Otálora, ratificó la responsabilidad administrativa del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche de Santa Marta, conocido en aquella época como Fernando Troconis. La justicia estableció que una atención oportuna y adecuada pudo haber evitado su muerte.

Lo trasladaron para tratarlo y murió ocho días después

El niño fue remitido desde el municipio de Plato, Magdalena, e ingresó al hospital samario el 10 de agosto de 2008. Llegó con un diagnóstico de síndrome nefrótico y comenzó a recibir albúmina como parte del tratamiento. Su atención quedó en manos de la institución, pero el proceso judicial encontró graves deficiencias en el manejo de su enfermedad.

Durante su hospitalización faltó una valoración por nefrología pediátrica. El menor nunca fue examinado por un especialista de esa área, pese a la condición por la que había sido trasladado. A esa omisión se sumó un diagnóstico de infección urinaria que, según lo establecido en el expediente, no correspondía con su realidad clínica.

Las irregularidades también alcanzaron el tratamiento. La justicia comprobó que este fue tardío e insuficiente y que la cantidad de albúmina suministrada estuvo por debajo de la dosis ordenada por los médicos. Además, se omitió por completo la administración de nifedipina, un medicamento clave dentro del manejo indicado.

El 18 de agosto, ocho días después de su ingreso, el niño sufrió una severa descompensación. Su estado empeoró hasta presentar un paro respiratorio y murió durante la madrugada. La reconstrucción judicial vinculó ese desenlace con las fallas y omisiones que se acumularon mientras permanecía hospitalizado.

Una familia que llevó el caso a la justicia

La muerte del menor dio paso a un proceso que se prolongó durante buena parte de los siguientes 18 años. En 2010, sus familiares presentaron una demanda de reparación directa para que se estableciera la responsabilidad del hospital y se reconocieran los perjuicios causados por la pérdida de su hijo.

Con la representación del abogado Javier Villegas Posada, la familia impulsó una batalla judicial que permitió revisar la atención recibida por el niño. El expediente reconstruyó su ingreso, las decisiones médicas, los tratamientos ordenados y las deficiencias que terminaron comprometiendo su vida.

El 6 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Magdalena emitió una sentencia que declaró responsable al centro asistencial. Determinó que había fallado en su deber de salvaguardar la vida del paciente y ordenó el pago de indemnizaciones por los perjuicios morales sufridos por sus familiares.

Para entonces habían pasado más de 16 años desde la muerte. La decisión fue revisada en segunda instancia por el Consejo de Estado, que finalmente confirmó la condena en septiembre de 2026. Aunque la demanda se presentó en 2010, la espera de la familia por una respuesta definitiva se cuenta desde aquella madrugada de agosto de 2008.

Una muerte que pudo evitarse

El fallo confirmó que la responsabilidad del hospital estuvo sustentada en una cadena de fallas asistenciales. La falta de valoración especializada, el diagnóstico equivocado, las dosis inferiores a las prescritas y la omisión de un medicamento hicieron parte de los hechos comprobados durante el proceso.

La conclusión judicial fue que el menor pudo haber recibido una atención capaz de evitar el desenlace. Había llegado al hospital para tratar una enfermedad, pero el servicio prestado resultó insuficiente y las omisiones comprometieron su posibilidad de sobrevivir.

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Con la sentencia de segunda instancia quedó confirmada la responsabilidad administrativa del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche y la orden de indemnizar a los familiares por perjuicios morales. Dieciocho años después, la familia obtuvo una decisión definitiva sobre la muerte del niño que hoy tendría 20 años y al que solo pudo acompañar durante dos.