La mujer fue privada de la libertad en su residencia por su presunta responsabilidad en la muerte de su esposo, luego de que las pruebas forenses desvirtuaran la hipótesis de un suicidio y confirmaran que la víctima sufrió un ataque armado.

Las autoridades judiciales dictaron medida de aseguramiento en su residencia a una funcionaria activa del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, quien es señalada como la responsable directa de la muerte de su esposo, Aldemar Alfredo Avendaño Carrillo, empleado del Tribunal Superior de Barranquilla.

La decisión recayó sobre Chirley Mildred Hernández Rojas y la tomó el Juzgado Tercero Penal Municipal de la ciudad, fijando además el uso de un brazalete electrónico para controlar su reclusión.

La acusación de la Fiscalía sostiene que la investigadora le quitó la vida a su pareja el pasado 21 de marzo, en una vivienda del conjunto residencial Catedral Plaza, en la localidad Norte-Centro Histórico.

Cuando las patrullas policiales llegaron a la escena, hallaron al hombre sin vida con cuatro heridas de bala, junto a una pistola y cinco casquillos.

En ese instante, la mujer declaró que se encontraba en un cuarto distinto de la casa, oyó las detonaciones y al salir descubrió a su esposo sin signos vitales, versión con la que su abogado pretendió argumentar que se trataba de un suicidio.

Sin embargo, los informes científicos del ente acusador derribaron la postura de la defensa y reforzaron la hipótesis de que la mujer cometió el crimen.

Los peritajes de necropsia, la dirección que tomaron las balas y las señales de defensa halladas en el cuerpo de la víctima descartaron cualquier tipo de autoagresión, demostrando que Avendaño Carrillo sufrió un ataque ejecutado por otra persona.

Ante la contundencia de estas evidencias, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Atlántico acusó a la agente del CTI por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego o municiones.

Aunque la imputada rechazó los cargos y no aceptó su responsabilidad, el juez avaló la petición del organismo de control y le ordenó la detención en su residencia.

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Esta determinación se definió 37 días después de que la mujer fuera capturada, tiempo durante el cual el expediente estuvo frenado por una tutela que presentó su representante legal.

La procesada permanecerá privada de la libertad en su vivienda mientras avanza el juicio en su contra.