La capital del Magdalena no estaba entre las nueve ciudades escogidas inicialmente para los Bloques de Defensa y Seguridad Urbana (Bodsu). Tras la reciente crisis de orden público, el presidente Abelardo De la Espriella decidió incorporarla como décimo territorio priorizado. La medida supone operaciones focalizadas contra estructuras criminales, articulación con las autoridades locales y mayor capacidad para enfrentar extorsión, homicidio, narcotráfico y otros delitos de alto impacto.

Santa Marta acaba de entrar en una categoría especial dentro de la política de seguridad del Gobierno nacional. La ciudad será uno de los territorios donde funcionarán los Bloques de Defensa y Seguridad Urbana (Bodsu), una estrategia creada para concentrar capacidades del Estado contra organizaciones criminales y delitos que golpean directamente a las zonas urbanas.

La decisión fue tomada por el presidente Abelardo De la Espriella después de reunirse con el alcalde Carlos Pinedo Cuello y conocer un diagnóstico sobre la situación de seguridad de la capital del Magdalena.

Santa Marta inicialmente estaba por fuera del programa. Los Bodsu fueron concebidos para comenzar en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Ibagué y Soacha, con un despliegue inicial de 2.000 policías entre esas ciudades. Ahora Santa Marta se convierte en la décima incluida en la estrategia.

¿Pero qué cambia realmente para Santa Marta?

La primera diferencia es que la respuesta de seguridad pretende dejar de depender únicamente de refuerzos enviados cuando ocurre una emergencia.

Los Bodsu hacen parte de la Política de Defensa, Seguridad y Convivencia Ciudadana 2026-2030 y fueron diseñados para trabajar conjuntamente con las alcaldías en la identificación y persecución de organizaciones responsables de homicidios, extorsiones, secuestros, narcotráfico y microtráfico.

En términos prácticos, para Santa Marta significa entrar en una estrategia nacional que busca combinar presencia policial, inteligencia, investigación criminal y operaciones contra estructuras previamente identificadas, en coordinación con las autoridades territoriales.

“Santa Marta será área prioritaria de recuperación urbana de la Estrategia Nacional de Seguridad”, anunció De la Espriella.

El mandatario explicó además por qué modificó el listado original: “Se había establecido para nueve ciudades, ahí no estaba Santa Marta; hoy he tomado la decisión de que Santa Marta haga parte de esa lista”.

El objetivo no será solamente el delincuente de calle

Este es uno de los aspectos más importantes de la decisión.

La reciente crisis dejó en evidencia que el problema de seguridad de Santa Marta no se limita al delito común. Organizaciones con presencia en la Sierra Nevada pueden mantener redes, finanzas y capacidad de intimidación que alcanzan la zona urbana.

Precisamente los Bodsu fueron planteados para enfrentar estructuras criminales y no únicamente hechos aislados. La política nacional contempla fortalecer inteligencia estratégica y financiera, investigación y coordinación institucional para afectar también las economías ilegales que sostienen esas organizaciones.

Para Santa Marta esto podría traducirse en investigaciones y operaciones dirigidas contra cabecillas, redes de extorsión, finanzas ilegales, narcotráfico, logística y estructuras urbanas.

De la Espriella lo resumió en tres palabras: “Proteger, contener y atacar”.

Según explicó, se busca proteger a comerciantes, transportadores, familias y ciudadanos; contener los intentos de intimidación de las organizaciones criminales y atacar directamente sus estructuras, cabecillas, finanzas y redes logísticas.

La extorsión queda entre las prioridades

La inclusión tiene especial relevancia para comerciantes y transportadores.

La extorsión está expresamente incluida entre los delitos prioritarios de los Bodsu, junto con homicidio, secuestro, narcotráfico y microtráfico.

El alcalde Carlos Pinedo destacó precisamente este componente al conocer la decisión presidencial, teniendo en cuenta las denuncias de sectores económicos afectados por las exigencias de estructuras criminales.

La estrategia supone que la respuesta pueda ir más allá de capturar a quien cobra una extorsión: la intención del modelo nacional es fortalecer investigación e inteligencia para afectar las organizaciones y sus fuentes de financiación.

Más patrullajes y vigilancia, pero también operaciones focalizadas

Para Santa Marta, el Presidente anunció mayor número de patrullajes, puestos de control, vigilancia aérea, controles en corredores estratégicos y presencia permanente de la Fuerza Pública.

Pero el alcance potencial del Bodsu es mayor.

Cuando la estrategia fue diseñada, el Gobierno planteó que las ciudades trabajarían conjuntamente con las autoridades nacionales para identificar sus principales estructuras criminales, objetivos y capacidades disponibles. En la primera cumbre realizada antes de comenzar el programa, las nueve ciudades originales presentaron precisamente sus cifras de criminalidad y las organizaciones que operaban en sus territorios para definir acciones conjuntas.

Ahora Santa Marta deberá entrar en esa misma lógica de priorización.

La palabra clave será permanencia

La diferencia definitiva solo podrá comprobarse con el tiempo.

Santa Marta ha recibido anteriormente refuerzos de Policía y Ejército después de episodios violentos. Lo anunciado ahora pretende convertir ese acompañamiento en una intervención sostenida.

El compromiso presidencial es mantener la presencia reforzada después de superada la emergencia y evitar que los territorios intervenidos vuelvan a quedar bajo presión de estructuras criminales.

Eso significa que entrar a los Bodsu no garantiza por sí mismo una reducción inmediata de la criminalidad. El resultado tendrá que medirse posteriormente en homicidios, extorsiones, capturas, judicializaciones, afectación de finanzas criminales y recuperación efectiva de sectores donde exista intimidación.

Además, todavía falta un dato fundamental: el Gobierno no ha precisado públicamente cuántos uniformados adicionales serán destinados específicamente a Santa Marta ni cuándo comenzará plenamente el despliegue local.

Lo que sí cambia desde ahora es la categoría de la ciudad dentro de la estrategia nacional. Santa Marta pasó de estar por fuera de los nueve territorios inicialmente seleccionados a convertirse en la décima ciudad priorizada para una intervención especial contra el crimen organizado urbano.

Después de una semana en la que la violencia logró alterar comercio, transporte y actividades cotidianas, el reto será comprobar si esa nueva condición se traduce en algo mucho más difícil que aumentar temporalmente los uniformados en las calles: quitarles capacidad de intimidación y financiación a las estructuras que operan dentro y alrededor de Santa Marta.