El subintendente Cristian Fernando Mosquera Rentería y la patrullera Diana Marcela Castro Reina fueron capturados dentro de la estación Los Mangos, en Cali. La Fiscalía los señala de exigir dinero a un ciudadano y consignar información presuntamente falsa sobre un vehículo.

Dos policías que tenían la obligación de hacer cumplir la ley habrían convertido una captura en un negocio de $5 millones. Según la Fiscalía, el subintendente Cristian Fernando Mosquera Rentería y la patrullera Diana Marcela Castro Reina utilizaron el temor de un ciudadano a terminar detenido para exigirle dinero y permitirle evadir el procedimiento.

La presunta irregularidad habría continuado después del pago. El ente acusador sostiene que los uniformados elaboraron documentos oficiales con una versión diferente sobre el vehículo relacionado con el caso, intentando presentar como abandonado un automotor que ya había sido retenido legalmente.

La investigación terminó alcanzándolos dentro de la misma institución a la que pertenecían. Ambos fueron capturados en la estación de Policía Los Mangos, en el oriente de Cali, y enviados a un establecimiento carcelario mientras la justicia determina su responsabilidad.

Una captura que habría tenido precio

El caso comenzó durante un procedimiento relacionado con el presunto delito de receptación. Los uniformados habrían informado a un ciudadano que podía ser capturado por su posible relación con el vehículo involucrado en la investigación.

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, esa posibilidad fue utilizada para presionarlo. Los agentes presuntamente le exigieron $5 millones a cambio de frenar el procedimiento y evitar que terminara privado de la libertad.

La advertencia que debía conducir a una actuación legal habría sido transformada en una negociación clandestina. El ciudadano, enfrentado a la posibilidad de ser capturado, habría entregado el dinero exigido por quienes tenían autoridad para decidir cómo continuaba el procedimiento.

Por estos hechos, la Fiscalía les imputó el delito de concusión, conducta que se configura cuando un servidor público abusa de su cargo para obligar o inducir a una persona a entregar dinero u otra utilidad indebida.

El vehículo apareció con otra versión

El supuesto cobro fue apenas una parte de las irregularidades detectadas por los investigadores. Al revisar los informes elaborados después del procedimiento, la Fiscalía encontró una diferencia que terminó comprometiendo aún más a los dos uniformados.

En los documentos oficiales, Mosquera Rentería y Castro Reina habrían registrado que el vehículo relacionado con el caso fue encontrado abandonado. Esa explicación, según el ente acusador, resulta contraria a lo ocurrido.

Los investigadores establecieron que el automotor ya había sido retenido legalmente el 3 de mayo de 2025. La diferencia entre la realidad del procedimiento y la información incorporada en los documentos se convirtió en uno de los principales elementos de la investigación.

La Fiscalía considera que los policías habrían modificado la historia para respaldar la actuación realizada y ocultar lo sucedido. Por esa razón, además de concusión, les imputó el delito de falsedad ideológica en documento público.

La Dijín los capturó en su propia estación

Las pesquisas avanzaron durante varios meses hasta que se emitieron las órdenes de captura. El 10 de septiembre de 2026, integrantes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dijín, llegaron hasta la estación Los Mangos, donde prestaban servicio los uniformados.

El subintendente y la patrullera fueron capturados dentro de las instalaciones policiales. Quienes presuntamente utilizaron una posible detención para exigir dinero terminaron saliendo de su lugar de trabajo bajo custodia de investigadores de la misma institución.

Después del procedimiento, ambos fueron presentados ante un juez de control de garantías. Un fiscal de la Seccional Cali expuso los elementos recopilados y formalizó la imputación por concusión y falsedad ideológica en documento público.

Seguirán el proceso desde la cárcel

Durante las audiencias, la Fiscalía presentó las evidencias con las que busca demostrar que los policías habrían solicitado los $5 millones y alterado posteriormente la versión consignada en los documentos oficiales.

Luego de escuchar los argumentos, el juez ordenó que Mosquera Rentería y Castro Reina fueran enviados a un establecimiento carcelario. Allí permanecerán mientras avanza el proceso y se define si son responsables de los delitos imputados.

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La medida de aseguramiento no constituye una condena. Los dos uniformados mantienen su condición de procesados y podrán controvertir las pruebas presentadas en su contra dentro de las siguientes etapas judiciales.

Por ahora, la investigación deja una acusación grave sobre la institución: un procedimiento por receptación habría sido utilizado para cobrar dinero, evitar una captura y escribir una versión distinta en los informes. La justicia deberá establecer si los policías que debían dejar al ciudadano en manos de las autoridades prefirieron ponerle precio a su libertad.