Los dos trabajadores fueron asesinados durante un atentado contra un micromercado de Bucaramanga. Nueve días antes, hombres armados habían disparado contra el establecimiento, pero, según sus familiares, los empleados jamás fueron advertidos del peligro.

Ana María Bohórquez Gamboa y Cristófer Alexander Rojo Linares llegaron a trabajar sin saber que el lugar ya estaba marcado por la violencia. Cumplieron sus labores detrás de una caja y en el área de entregas, mientras sobre el micromercado Mi Placita pesaba una amenaza que, según sus familias, nunca les fue revelada. Nueve días después de un primer ataque contra la fachada, las balas regresaron y acabaron con sus vidas.

Los jóvenes eran ajenos al conflicto y tampoco figuraban como objetivos de los sicarios. Esa conclusión, confirmada preliminarmente por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, convirtió el dolor de sus padres en un reclamo directo: sus hijos murieron en una tragedia que pudo prevenirse si hubieran conocido el riesgo real al que estaban expuestos.

El primer ataque fue nueve días antes

La advertencia ocurrió el 12 de julio, cuando hombres armados dispararon contra la fachada del establecimiento comercial, ubicado en el barrio Las Hamacas, en el norte de Bucaramanga. Para los familiares de las víctimas, ese episodio debió encender las alarmas y provocar medidas inmediatas para proteger a quienes trabajaban en el lugar.

“Yo creo que esto se hubiera podido evitar. El 12 de julio los mismos tipos hicieron unos disparos a la fachada de esa misma casa, como avisándoles. No sé qué debía esa familia en particular, pero ya había una amenaza”, sostuvo Ignacio Bohórquez, padre de Ana María.

Pese a la gravedad de aquella agresión, los trabajadores continuaron cumpliendo sus horarios con normalidad. De acuerdo con la denuncia de los familiares, nadie les explicó que el negocio había sido atacado ni les advirtió que podían quedar atrapados en una disputa aparentemente relacionada con los propietarios.

La familia considera que esa información habría permitido a Ana María y Cristófer decidir si regresaban a sus puestos o exigían condiciones de seguridad. Ahora, con ambos jóvenes muertos, sus padres aseguran que fueron enviados a trabajar en medio de un peligro que desconocían por completo.

Los sicarios regresaron y cumplieron la amenaza

A las 4:55 de la tarde del 21 de julio, nueve días después del primer atentado, dos hombres llegaron en una motocicleta hasta el micromercado. Según la descripción conocida por las autoridades, el conductor vestía chaqueta negra, pantalón blanco y camiseta roja, mientras el acompañante llevaba chaqueta negra y jean azul.

Desde el vehículo, los atacantes dispararon directamente contra el establecimiento. El propietario del negocio, un hombre de 53 años, recibió tres impactos de bala y sobrevivió. Sin embargo, los proyectiles también alcanzaron a Ana María y Cristófer, quienes quedaron gravemente heridos durante una agresión que, según las primeras pesquisas, estaba dirigida contra su empleador.

Vecinos del sector auxiliaron a los dos trabajadores y los trasladaron al Hospital Local del Norte. Los esfuerzos resultaron insuficientes: ambos fallecieron debido a la gravedad de las lesiones.

“Iban por el patrón de mi hijo, no por él ni por la muchacha”, afirmó uno de los familiares al insistir en que los empleados terminaron pagando con sus vidas las consecuencias de un conflicto al que eran completamente ajenos.

Una madre de tres niños y un joven recién graduado

Ana María llevaba tres meses y medio trabajando como cajera en Mi Placita. Era madre de tres niños de 2, 5 y 7 años, y laboraba para sostenerlos. Su muerte dejó a tres menores sin su mamá y a una familia exigiendo explicaciones sobre las razones por las cuales ella continuó trabajando en un establecimiento que ya había sido atacado.

Cristófer tenía apenas 18 años. Había terminado el bachillerato en el municipio de La Belleza y llevaba 18 días trabajando en el área de entregas. Su paso por el micromercado fue breve: consiguió empleo con la intención de ayudar a su familia, pero quedó en medio de un ataque que aparentemente estaba dirigido contra otra persona.

El coronel Harvey Silva, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó que el análisis preliminar descarta cualquier relación de los empleados con el motivo del atentado. Para las autoridades, Ana María y Cristófer eran personas ajenas al conflicto que habría desencadenado la acción criminal.

Las familias rechazan acuerdos y exigen justicia

Los allegados de las víctimas aseguraron que su prioridad no es alcanzar acuerdos relacionados con las prestaciones de ley. Su exigencia está concentrada en esclarecer lo ocurrido, establecer quién ordenó el ataque y capturar a los dos hombres que llegaron en la motocicleta.

Por esa razón, solicitaron formalmente a la Sijín y a la Fiscalía que procesen las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector. Esperan que los videos permitan reconstruir la ruta utilizada por los atacantes, identificar la motocicleta y ubicar a los responsables materiales del doble homicidio.

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“El mensaje es claridad sobre el hecho, respuesta y que haya justicia. Mi hija y ese otro joven no eran malas personas. Estaban laborando para sacar a sus familiares adelante”, manifestó Ignacio Bohórquez.

Mientras avanza la investigación, las familias mantienen una pregunta que todavía carece de respuesta: por qué Ana María y Cristófer siguieron trabajando sin conocer que, nueve días antes de su muerte, las primeras balas ya habían advertido que el peligro estaba frente a ellos.