Los involucrados utilizaban uniformes, insignias y señales similares a las oficiales para detener conductores en jurisdicción de San Martín, Cesar. Aunque pertenecerían a una entidad autorizada para realizar pedagogía vial, carecían de facultades para ejercer controles en la carretera.

Los conductores reducían la velocidad y se detenían porque creían estar frente a agentes de tránsito. Los uniformes, las insignias y las señales de pare transmitían la apariencia de un control oficial. Sin embargo, quienes ordenaban frenar los vehículos eran cuatro particulares que carecían de autoridad para controlar la carretera.

La escena terminó con la intervención de la Policía y la captura en flagrancia de las cuatro personas en jurisdicción de San Martín, al sur del Cesar. El procedimiento se desarrolló en el tramo de la Ruta Nacional 45 que comunica al municipio de San Alberto con el corregimiento de La Mata.

Detenían vehículos con señales de pare

Según la información entregada por las autoridades, los involucrados se ubicaron a un costado de la vía y comenzaron a realizar señales para que los conductores se detuvieran. Quienes transitaban por el corredor obedecían al observar una indumentaria similar a la utilizada por los funcionarios oficiales.

El movimiento llamó la atención de unidades de la Policía, que llegaron al lugar para establecer quiénes eran esas personas y qué autorización tenían para intervenir el tránsito en una de las carreteras más importantes del departamento.

La primera versión indicaba que los cuatro ciudadanos estaban vinculados a una entidad privada dedicada a desarrollar campañas de prevención y pedagogía vial. Esa organización sí tendría autorización para realizar actividades educativas en el corredor, pero las facultades concedidas no incluían detener vehículos ni asumir funciones reservadas para las autoridades.

La consulta descubrió que no eran agentes

Ante las dudas, los policías consultaron directamente a la Secretaría de Tránsito Municipal de San Martín. La respuesta permitió aclarar la situación: ninguno de los cuatro particulares pertenecía al cuerpo oficial de inspectores y tampoco estaba autorizado para ejercer control vial.

Con esa confirmación, los uniformados procedieron a capturarlos en flagrancia. El problema no estaría en la presencia de la entidad privada sobre la carretera, sino en el uso de prendas e insignias similares a las oficiales y en las órdenes impartidas a los conductores.

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De acuerdo con la información preliminar, esa apariencia habría sido utilizada para conseguir que los ciudadanos atendieran las señales de pare. De esta forma, una actividad que debía limitarse a la prevención terminó convertida en un procedimiento con consecuencias judiciales.

Tenían permiso para enseñar, pero no para controlar

Las autoridades ahora deberán revisar los términos exactos de la autorización concedida a la entidad y establecer qué instrucciones recibieron sus integrantes antes de ubicarse sobre la Ruta del Sol.

La pedagogía vial permite desarrollar campañas de sensibilización, entregar recomendaciones y orientar a los usuarios sobre comportamientos seguros. La detención de vehículos y el control directo de la circulación, en cambio, corresponden a organismos facultados legalmente.

Esa diferencia será determinante dentro del proceso. La investigación tendrá que esclarecer si los capturados actuaron por iniciativa propia, si seguían instrucciones de la entidad a la que estarían vinculados y durante cuánto tiempo realizaron esas actividades en el corredor.

Fiscalía investigará la simulación de autoridad

Los cuatro capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de simulación de investidura o cargo. Será un juez quien determine su responsabilidad y defina las medidas que deberán enfrentar.

El comandante del Departamento de Policía Cesar, coronel Raúl Pérez Araméndiz, confirmó que la verificación ante la Secretaría de Tránsito permitió establecer que los involucrados no hacían parte de la autoridad municipal.

Las investigaciones también buscan determinar cuántos conductores fueron detenidos antes de la llegada de la Policía y qué ocurrió durante esos procedimientos. Las autoridades deberán establecer si los particulares se limitaron a realizar recomendaciones o si solicitaron documentos, impusieron exigencias o ejecutaron otras acciones propias de un agente oficial.

Lo que parecía un retén terminó desbaratado por una verificación. Cuatro personas que tenían permiso para promover la seguridad vial ahora deberán explicar por qué terminaron vestidas como autoridades y ordenándoles a los conductores detenerse en plena Ruta del Sol.