Un conductor aseguró que dos uniformados le habrían exigido dinero para evitar la inmovilización de su vehículo durante un procedimiento en Chapinero. El hombre grabó parte de lo ocurrido y divulgó el caso. La Policía abrió una investigación disciplinaria y anunció que las actuaciones serán puestas en conocimiento de la Fiscalía.

Lo que comenzó como un procedimiento por tener el SOAT vencido terminó convertido en una grave denuncia contra dos policías en Bogotá. Un conductor asegura que los uniformados le pidieron $800.000 para evitar que su vehículo terminara inmovilizado y fuera llevado en una grúa.

El episodio ocurrió en el sector de Chapinero, en inmediaciones de la calle 64 con carrera 9. El ciudadano se movilizaba acompañado de su hijo después de salir de su lugar de trabajo cuando fue requerido por los policías.

Según su relato, durante la verificación los uniformados detectaron que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) del automóvil estaba vencido y le informaron que debían iniciar el procedimiento correspondiente para inmovilizarlo.

Hasta ese momento se trataba de una actuación de tránsito. Lo grave, según denuncia el conductor, ocurrió después.

Compró el SOAT durante el procedimiento

El ciudadano aseguró que intentó solucionar inmediatamente la irregularidad. Mientras permanecía frente a los policías ingresó a una plataforma digital y adquirió el SOAT para poner al día el vehículo.

Sin embargo, según su versión, los uniformados le indicaron que la compra del seguro ya no impedía que continuara el procedimiento debido a que la grúa había sido solicitada.

Fue entonces cuando, de acuerdo con la denuncia, habría aparecido una propuesta completamente diferente a la actuación oficial.

El conductor sostiene que uno de los policías le pidió dinero para evitar que el automóvil fuera inmovilizado.

“Me pidieron $800.000 pesos o, si no, se lo llevarían en la grúa”, afirmó.

La supuesta solicitud de dinero es ahora el punto central de una investigación que deberá establecer si los uniformados efectivamente intentaron obtener un beneficio económico a cambio de modificar el procedimiento.

El conductor decidió grabar

Ante lo que estaba ocurriendo, el hombre decidió utilizar su teléfono celular para registrar parte de la situación. Posteriormente hizo público el video y denunció la conducta de los policías.

Su versión incluye otro señalamiento delicado. El ciudadano manifestó que incluso habría sido amenazado con terminar detenido si se negaba a entregar el dinero que presuntamente le estaban solicitando.

El material divulgado provocó cuestionamientos sobre la actuación de los uniformados y terminó llegando a conocimiento de la Policía Metropolitana de Bogotá.

La grabación y el testimonio del conductor serán parte de los elementos que deberán analizar las autoridades para reconstruir el procedimiento y establecer si existió realmente una exigencia de $800.000.

Policía abrió investigación contra los uniformados

La reacción institucional llegó después de conocerse públicamente la denuncia. La Policía Metropolitana de Bogotá informó que inició una investigación disciplinaria contra los dos uniformados involucrados en el procedimiento.

Los agentes estarían adscritos al CAI Granada, perteneciente a la Estación de Policía Chapinero, y serán apartados de sus funciones mientras avanzan las actuaciones para esclarecer lo sucedido.

El caso, además, saldrá de la esfera exclusivamente disciplinaria. La institución anunció que pondrá los hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que determine si existe mérito para una investigación penal y si la conducta denunciada podría configurar un delito.

Fiscalía deberá establecer qué ocurrió

La denuncia del ciudadano es grave, pero la responsabilidad de los dos policías todavía deberá ser determinada por las autoridades competentes. La existencia de una investigación tampoco significa que los uniformados sean culpables de los hechos que se les atribuyen.

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Los investigadores tendrán que establecer cómo se desarrolló el procedimiento desde el momento en que fue detenido el vehículo, revisar las grabaciones disponibles, escuchar a los involucrados y determinar si realmente existió una solicitud de dinero.

También deberá aclararse qué ocurrió después de que el ciudadano comprara el SOAT y cuáles actuaciones correspondían legalmente frente a la infracción detectada inicialmente.