La gobernadora Margarita Guerra alertó sobre reportes de presuntos integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) instalando retenes en sectores rurales de Guamal. Fuerzas Militares fueron desplegadas en la zona y la mandataria solicitó un Consejo de Seguridad Presidencial ante el temor de que estructuras armadas pretendan ganar control territorial en esta región del departamento.

El miedo volvió a instalarse en las carreteras rurales del sur del Magdalena. Los reportes que llegaron hasta la Gobernación son graves: hombres que serían integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) estarían haciendo presencia en varios sectores de Guamal e instalando retenes ilegales en vías utilizadas diariamente por las comunidades.

La alerta llevó a la gobernadora Margarita Guerra a pedir la intervención directa del Gobierno Nacional. La mandataria aseguró que las Fuerzas Militares ya fueron desplegadas hacia los puntos señalados, pero considera que la situación requiere decisiones de mayor alcance para impedir que las estructuras armadas consoliden presencia y ejerzan control sobre esta zona del departamento.

Retenes entre corregimientos y zonas rurales

De acuerdo con la información conocida por la Gobernación del Magdalena, los reportes ubican los presuntos retenes entre Urquijo, Guaimaral, Villanueva y otros sectores rurales pertenecientes al municipio de Guamal.

“Recibimos información sobre retenes del GAO Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) entre Urquijo, Guaimaral, Villanueva, la zona rural de Guamal y varias zonas del sur”, señaló Guerra.

La denuncia genera especial preocupación por tratarse de corredores utilizados por campesinos, trabajadores y habitantes que necesitan desplazarse entre poblaciones del sur del departamento. La instalación de un retén por parte de una organización armada supone, además del riesgo directo para quienes transitan por la zona, una demostración de capacidad para vigilar movimientos y ejercer presión sobre las comunidades.

Hasta el momento, la información divulgada corresponde a los reportes recibidos por la administración departamental. Las autoridades buscan establecer el alcance de la presencia armada y las circunstancias en las que se estarían realizando estos controles ilegales.

La respuesta inmediata fue el despliegue de tropas hacia los sectores señalados. La orden es reforzar la seguridad, proteger a los habitantes y evitar que cualquier estructura criminal pueda afianzarse en el territorio.

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Gobernadora pide al Presidente intervenir

Ante la gravedad de las denuncias, Margarita Guerra solicitó la realización de un Consejo de Seguridad Presidencial en el Magdalena. La gobernadora pretende llevar directamente ante el Gobierno Nacional la situación que enfrentan los municipios del sur y reclamar medidas adicionales para contener el avance de estructuras armadas.

“Aunque hemos realizado múltiples mesas de seguridad y reuniones para garantizar la seguridad en el Magdalena, se hace urgente un Consejo de Seguridad Presidencial en el departamento”, manifestó la mandataria.

La petición ocurre en momentos en que las comunidades esperan una respuesta que vaya más allá de operativos temporales. Para la administración departamental, el desafío está en garantizar una presencia permanente de la Fuerza Pública que permita recuperar la tranquilidad y cerrar espacios a los grupos ilegales.

Guerra considera necesario que la situación sea abordada desde el más alto nivel del Gobierno, con participación de las autoridades militares y de Policía, para evaluar la capacidad de las estructuras que estarían moviéndose por la zona y adoptar decisiones que permitan proteger a la población.

“Necesitamos exponer la situación de la región y contar con el respaldo de nuestro Presidente”, agregó.

Tropas permanecen desplegadas

Mientras se define si el Gobierno Nacional atiende la solicitud del Consejo de Seguridad Presidencial, las Fuerzas Militares mantienen presencia en los sectores donde fueron reportados los retenes.

El objetivo inmediato es verificar lo denunciado, garantizar la movilidad de los habitantes y evitar que hombres armados impongan sus propias reglas en las carreteras rurales. La Gobernación también insistió en fortalecer el acompañamiento de la Fuerza Pública en Guamal y los demás municipios del sur del Magdalena.

“En meses anteriores solicitamos reiteradamente presencia en el sur del departamento. Confiamos en que con la gestión en el Ministerio de Defensa la esperanza y el apoyo en materia de seguridad se concreten en nuestro territorio. La tranquilidad del Magdalena es prioridad”, manifestó la gobernadora.

La alerta vuelve a poner sobre la mesa un problema que golpea directamente a las comunidades: cuando un grupo armado logra aparecer en una carretera y detener a quienes circulan por ella, la disputa deja de ser únicamente entre autoridades y organizaciones criminales. En medio quedan los habitantes, obligados a transitar por territorios donde cualquier retén ilegal puede convertirse en una amenaza.

Por ahora, las tropas permanecen en la zona y las autoridades intentan establecer la dimensión real de lo que ocurre. La gobernadora ya elevó el llamado al Presidente: impedir que los hombres armados conviertan los caminos rurales del sur del Magdalena en puestos de control bajo sus propias órdenes