20 emisoras que nacieron con el Acuerdo de Paz de Petro fueron apagadas por Abelardo de la Espriella
Las llamadas Emisoras de Paz, creadas tras el acuerdo firmado en 2016 con las extintas Farc, dejaron de emitir sus contenidos informativos, culturales y de opinión y ahora transmiten principalmente música. La decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella desató críticas y hasta llamados para que sea revisada.
Una decisión del Gobierno Nacional afectó a las 20 Emisoras de Paz creadas como parte del Acuerdo de Paz de 2016. Desde el pasado 17 de agosto, las estaciones recibieron la instrucción de suspender temporalmente su programación habitual, dejando de producir los espacios informativos y contenidos locales que realizaban para las comunidades de los territorios donde funcionan.
La orden fue comunicada por Inravisión, el actual Sistema de Medios Públicos, y mientras se define una nueva parrilla las emisoras quedaron enlazadas con Bogotá para transmitir programación musical centralizada.
Y ahí está precisamente el punto que encendió la discusión: no se trata de emisoras cualquiera. Estas frecuencias fueron creadas precisamente para llevar información y contenidos a comunidades ubicadas en zonas que durante años estuvieron golpeadas por el conflicto armado.
Nacieron con el Acuerdo de Paz y ahora les apagaron la voz local
Las 20 Emisoras de Paz surgieron en cumplimiento del punto 6.5 del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las antiguas Farc.
Su misión incluía llevar a las regiones contenidos sobre la implementación del acuerdo, pedagogía para la paz, reconciliación, convivencia, cultura e información local.
Por eso, para sus trabajadores y diferentes organizaciones, el problema no es simplemente que hayan cambiado una parrilla radial.
El temor es que comunidades apartadas se queden sin uno de sus principales canales para conocer lo que ocurre en su propio territorio.
La FLIP, la Misión de Observación Electoral y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias cuestionaron la decisión y advirtieron que, en muchas de estas regiones, la radio continúa siendo uno de los medios con mayor alcance.
De informaciones locales a música desde Bogotá
El cambio se sintió directamente en las estaciones.
Trabajadores de las emisoras señalaron que recibieron la instrucción de detener la programación habitual mientras se define una nueva parrilla. En la práctica, las frecuencias pasaron a emitir música producida y enlazada desde Bogotá.
Es decir, donde antes podían escucharse noticias de la región, entrevistas con habitantes, información comunitaria y contenidos relacionados con la realidad de cada municipio, ahora predominan contenidos musicales centralizados.
Entre las 20 emisoras afectadas están las de Ituango, Chaparral, Fonseca, Convención, San Jacinto, Arauquita, Algeciras, Puerto Leguízamo, Bojayá, Riosucio, Florida, Buenaventura, El Tambo, Mesetas, San José del Guaviare, San Vicente del Caguán, Tumaco, Fundación, Tierralta y Agustín Codazzi.
El Gobierno habla de una reestructuración
La administración de Abelardo de la Espriella ha defendido la decisión como parte de una reorganización del Sistema de Medios Públicos.
Según las explicaciones conocidas, el Gobierno busca revisar la programación, los contratos y la estructura informativa heredada, con el argumento de transformar el sistema y evitar que los medios públicos sean utilizados como herramientas de propaganda política.
Desde esa perspectiva, la suspensión sería temporal, mientras se define una nueva programación.
Sin embargo, para sus críticos, el asunto es mucho más delicado porque estas emisoras tienen una naturaleza especial derivada directamente del Acuerdo de Paz.
La Defensoría también pidió revisar la decisión
La polémica creció este fin de semana luego de que la Defensoría del Pueblo pidiera al Gobierno reevaluar de manera prioritaria la suspensión de la programación regional e informativa.
La entidad recordó que las Emisoras de Paz no son emisoras públicas ordinarias, sino que fueron creadas precisamente para cumplir compromisos establecidos en el Acuerdo Final y atender territorios especialmente afectados por el conflicto.
La preocupación también está relacionada con el acceso a la información. La FLIP calcula que la medida afecta a alrededor de 463.000 personas, muchas de ellas habitantes de zonas rurales y comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.
La pelea ya llegó al Congreso
El tema tampoco se quedó en las redes sociales.
El representante Alejandro Toro anunció un debate de control político para que la ministra de las TIC, Alexandra Falla, y la gerente de Inravisión, Ángela María Mora, expliquen las razones, el alcance y la duración de la medida.
Desde el Congreso también se ha advertido que la suspensión podría afectar el derecho a la información de las comunidades y el cumplimiento de compromisos adquiridos por el Estado con los territorios.
Mientras la discusión política y jurídica crece, las 20 emisoras continúan con su programación modificada.
Las frecuencias siguen al aire, pero la gran pregunta es otra: ¿cuánto tiempo permanecerán sin la voz de las comunidades para las que fueron creadas?
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