¿Retaliación por el traslado de presos? Acribillan a guardián del INPEC cuando llegaba a cárcel de Itagüí
El asesinato de Wilber Ferney Martínez Sana ocurrió pocos días después del traslado de más de un centenar de internos de la cárcel La Paz hacia otros penales del país. Dos sospechosos fueron capturados durante la huida y en el taxi en el que se movilizaban apareció un arma con supresor de sonido. Las autoridades investigan si detrás del crimen existe una represalia contra el INPEC.
El traslado de más de un centenar de presos de alto perfil de la cárcel La Paz de Itagüí podría haber tenido una respuesta sangrienta. Esa es una de las hipótesis que rodean el asesinato del guardián del INPEC Wilber Ferney Martínez Sana, acribillado cuando estaba a pocos metros de ingresar al mismo establecimiento penitenciario donde prestaba sus servicios.
El funcionario fue atacado hacia las 6:10 de la mañana de este jueves 13 de agosto, en inmediaciones de la carrera 70 con calle 25, barrio San Francisco de Itagüí, Antioquia. Los sicarios lo interceptaron cuando se dirigía a comenzar su jornada laboral y le dispararon en repetidas oportunidades. Murió en el lugar.
Aunque hasta el momento las autoridades no han establecido oficialmente el móvil, el momento en que se produjo el homicidio puso bajo análisis una posible retaliación relacionada con las recientes decisiones adoptadas frente a internos considerados de alto perfil.
El traslado que antecedió al asesinato
Días antes del crimen, entre 104 y 120 internos de la cárcel La Paz fueron enviados hacia diferentes establecimientos penitenciarios del país. Entre ellos, según los reportes conocidos, figurarían integrantes y cabecillas de estructuras delincuenciales del Valle de Aburrá.
Los movimientos también involucraron a internos cuyos nombres han aparecido relacionados con el proceso denominado de paz urbana en Medellín, por lo que el procedimiento significó sacar de La Paz a personas con peso dentro de distintas organizaciones criminales.
Ahora los investigadores deberán establecer si esa decisión generó alguna orden de represalia contra funcionarios penitenciarios y, especialmente, si Martínez Sana terminó convertido en objetivo como consecuencia de esos traslados.
Hasta ahora esa conexión se mantiene como hipótesis y deberá ser respaldada o descartada mediante elementos judiciales.
Lo mataron prácticamente a las puertas de la cárcel
Martínez Sana pertenecía al cuerpo de custodia del INPEC y estaba vinculado a la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP). Según la información preliminar, se dirigía a comenzar su turno en el área jurídica cuando fue sorprendido por los atacantes.
Los sicarios escogieron un punto ubicado a pocos metros del establecimiento penitenciario y actuaron cuando el funcionario estaba próximo a ingresar. Recibió varios impactos de bala que acabaron con su vida antes de iniciar la jornada.
La ubicación y la forma en que fue cometido el homicidio también serán examinadas para determinar si existió una vigilancia previa sobre los movimientos de la víctima y si los responsables conocían sus horarios laborales.
Capturados durante la fuga
Tras el asesinato, dos hombres señalados de estar relacionados con el ataque abordaron un taxi e intentaron alejarse de la zona. Las cámaras de seguridad permitieron seguir el recorrido del vehículo y las autoridades activaron un plan candado.
El taxi, de placas WDY717, fue interceptado posteriormente en inmediaciones del CAI Guayabal, en Medellín. Los dos ocupantes fueron capturados y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
Durante la inspección del automotor apareció otro elemento que aumenta el interés de los investigadores: un arma de fuego que tendría un supresor de sonido. Los análisis balísticos deberán establecer si fue utilizada para asesinar al funcionario.
¿Quién habría ordenado el crimen?
La captura de los dos sospechosos abre ahora una fase todavía más importante: establecer si actuaron como autores materiales y determinar quién estaría detrás del asesinato.
La Sijín analiza grabaciones de cámaras de seguridad, los desplazamientos realizados antes y después del ataque, el arma incautada y los últimos movimientos de Martínez Sana. También busca establecer posibles comunicaciones o conexiones que permitan conocer si existió una orden previa.
La principal preocupación es determinar si el homicidio representa un hecho aislado o una eventual advertencia contra el sistema penitenciario después del traslado de los internos.
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