La joven creadora de contenido, cercana al presidente Gustavo Petro y señalada por presuntamente mover influencias dentro de la Aerocivil, suma un nuevo episodio a la polémica. Mientras siguen las denuncias por la vinculación de familiares y su supuesto poder en la entidad, ahora un contrato por más de $91 millones con llamativos precios desató nuevas exigencias de explicaciones y amplía la crisis que enfrenta el Gobierno.

El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un nuevo dolor de cabeza. Cuando todavía continúan las denuncias por la presunta influencia de Gabriela Muñoz en la Aeronáutica Civil y la contratación de varios de sus familiares dentro de la entidad, un millonario contrato para la compra de insumos de limpieza y mantenimiento volvió a poner su nombre en el centro de la controversia.

La adquisición, por $91.108.580, incluye una lavadora industrial de $38,5 millones, recipientes de champú industrial por $480.500 cada uno, desengrasantes superiores a $522.000 la unidad y mangueras tipo jardín de $525.000, valores que despertaron fuertes cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos.

Del petrismo digital a la administración pública

Gabriela Muñoz alcanzó notoriedad como creadora de contenido y activista en redes sociales en defensa del proyecto político de Gustavo Petro. Su cercanía con el hoy mandatario quedó registrada en diferentes eventos oficiales y actividades públicas, donde apareció acompañando al presidente y respaldando su gestión.

Ese vínculo con el petrismo dio paso a su llegada al Estado. El 30 de mayo de 2025 fue nombrada mediante la Resolución 01224 como Auxiliar 1 de la Aerocivil, un cargo de nivel asistencial que, según las denuncias conocidas posteriormente, habría tenido un alcance mucho mayor al establecido formalmente.

Las denuncias que estremecieron a la Aerocivil

El escándalo estalló cuando Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y actual directora del Fondo Adaptación, aseguró que Gabriela Muñoz ejercía una influencia determinante dentro de la Aerocivil.

Según Rodríguez, la joven asistía a reuniones de alto nivel, participaba en decisiones administrativas e intervenía en nombramientos, pese a ocupar un cargo asistencial.

Las declaraciones fueron aún más contundentes cuando comparó el caso con otros presuntos esquemas de manejo de cuotas burocráticas dentro del Gobierno.

Gabriela Muñoz rechazó las acusaciones, aseguró que nunca ejerció funciones distintas a las asignadas y anunció acciones judiciales por injuria y calumnia contra quienes la señalan.

Los familiares también quedaron bajo la lupa

Las denuncias crecieron cuando se conoció que el mismo día en que Gabriela Muñoz fue nombrada en la Aerocivil también fue vinculado su hermano, Santiago David Muñoz Olaya.

Posteriormente aparecieron otros nombramientos de familiares dentro de la entidad, situación que incrementó los cuestionamientos sobre un posible favorecimiento.

La polémica alcanzó un nuevo nivel cuando Liliana Olaya, madre de Gabriela Muñoz y excoordinadora de Contrainteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), reconoció públicamente que fue ella quien recomendó a sus hijos y otros familiares para trabajar en la Aerocivil.

Aunque aseguró que todos cumplían con los requisitos para ocupar esos cargos, sus declaraciones alimentaron el debate sobre presuntas prácticas de nepotismo dentro del Gobierno.

Ahora un contrato millonario abre otro frente de polémica

Mientras las investigaciones por los nombramientos siguen avanzando, un nuevo episodio volvió a poner a la Aerocivil bajo presión.

Se trata del contrato adjudicado por $91.108.580 al Grupo AOG S.A.S. para adquirir insumos destinados al mantenimiento de máquinas de bomberos y vehículos de rescate de la Regional Occidente.

Entre los elementos contratados aparecen una lavadora industrial por $38,5 millones, nueve recipientes de champú industrial de cinco galones por $480.500 cada uno, treinta desengrasantes industriales por $522.400 la unidad, ocho mangueras tipo jardín por $525.000 y tres polichadoras por $1,46 millones.

Solo esos productos representan cerca del 74 % del valor total del contrato.

Hasta el momento, la Aerocivil no ha explicado públicamente las especificaciones técnicas, los estudios de mercado o las cotizaciones que respaldan esos valores, razón por la cual crecieron las solicitudes para que los organismos de control revisen el proceso.

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Otro escándalo que golpea al Gobierno Petro

El caso de Gabriela Muñoz llega cuando el Gobierno de Gustavo Petro todavía enfrenta las consecuencias políticas del escándalo protagonizado por Juliana Guerrero, otra funcionaria cercana al Ejecutivo cuyo nombre quedó envuelto en denuncias e investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en el ejercicio de funciones públicas.

Aunque ambos casos corresponden a hechos distintos y continúan siendo objeto de investigaciones, las dos controversias tienen un punto en común: las críticas por los presuntos beneficios obtenidos por personas cercanas al entorno del Gobierno y los cuestionamientos sobre la transparencia en el acceso a cargos públicos y el manejo de entidades del Estado.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, ya solicitó información detallada sobre los nombramientos y contratos de la Aerocivil y pidió la intervención de los organismos de control para establecer si existieron irregularidades.

Mientras avanzan esas verificaciones, Gabriela Muñoz pasó de ser una de las jóvenes figuras más visibles del petrismo digital a convertirse en uno de los nombres que más incomodidad generan para el Gobierno Nacional. Las denuncias por su presunta influencia en la Aerocivil, la vinculación de familiares y el millonario contrato con precios cuestionados mantienen abierta una polémica que, lejos de apagarse, sigue creciendo y suma un nuevo capítulo a la serie de escándalos que hoy rodean a la administración de Gustavo Petro.