El Ejecutivo estadounidense solicitó cerrar la demanda civil contra la presidenta de Venezuela al reconocer su condición de mandataria, una movida judicial que muestra una alineación estratégica entre la Casa Blanca y la dirigente sudamericana.

La relación entre el Gobierno de Donald Trump y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sumó un capítulo de reordenamiento político tras la intervención de la Casa Blanca para proteger a la dirigente ante los tribunales de Estados Unidos.

A través de una gestión del Departamento de Estado ante el Departamento de Justicia, la administración estadounidense pidió desestimar de forma definitiva el juicio civil que se tramita contra Rodríguez en un tribunal federal de Florida.

La postura fijada por el gobierno estadounidense se fundamenta en que, al ratificar a Rodríguez como jefa de Estado en funciones, la normativa le otorga inmunidad frente a las cortes de ese país.

Esta postura del Ejecutivo busca frenar la acción legal emprendida por tres ciudadanos estadounidenses por denuncias de detención y torturas, un caso donde la justicia ya había fijado indemnizaciones por 314 millones de dólares contra otros integrantes de la cúpula venezolana.

Más allá del ámbito penal, la advertencia del Departamento de Estado sobre las “importantes implicaciones para la política exterior” que tendría continuar con el proceso refleja la voluntad de la Casa Blanca de resguardar la figura de Rodríguez en suelo norteamericano.

A la par de este respaldo impulsado desde Washington, la delegación diplomática venezolana tramitó los documentos correspondientes para consolidar la protección legal de la mandataria.

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El desenlace de esta estrategia coordinada queda ahora sujeto a la decisión del tribunal de Florida, que deberá resolver si acata el planteamiento del Gobierno de Trump para archivar la causa o si mantiene el curso de las indagaciones.