La Secretaría de Tránsito de Zona Bananera confirmó que Crispín Mejía Izquierdo fue multado por conducir bajo los efectos del alcohol. El comparendo fortalece la investigación por el accidente en el que tres integrantes de una misma familia, entre ellos una niña de siete años, resultaron gravemente heridos.

Lo que comenzó como un grave accidente de tránsito terminó convirtiéndose en un caso que ahora compromete seriamente la situación judicial, administrativa y económica de Crispín Mejía Izquierdo, líder político de la comunidad arhuaca y funcionario de la Gobernación del Magdalena.

La confirmación de una multa por 60.778.080 pesos por conducir bajo el influjo del alcohol cambió el rumbo de la investigación y dejó sin piso las dudas que existían sobre el estado en el que se encontraba el conductor cuando ocurrió el choque que dejó gravemente herida a una familia en la Troncal del Oriente, a la altura del corregimiento de La Gran Vía, en Zona Bananera.

La sanción, impuesta por la Secretaría de Tránsito de ese municipio, se convirtió en una de las pruebas más contundentes que hoy rodean el expediente.

La sospecha quedó confirmada

La noche del accidente, varios habitantes que presenciaron lo ocurrido aseguraban que la forma en la que conducía Mejía Izquierdo hacía pensar que estaba bajo los efectos del alcohol.

Las imágenes de una cámara de seguridad mostraban una camioneta circulando a alta velocidad, invadiendo el carril contrario y chocando de frente contra una motocicleta en la que viajaban tres integrantes de una misma familia.

Después del impacto, el conductor continuó su recorrido sin detenerse a auxiliar a las víctimas.

Fueron varios motociclistas quienes iniciaron una persecución y lograron cerrarle el paso metros más adelante, evitando que abandonara el lugar.

En ese momento todo eran versiones de testigos.

Hoy, la propia autoridad de tránsito confirmó que el conductor fue sancionado por la infracción F, correspondiente a manejar bajo el influjo del alcohol.

Una multa que supera los $60 millones

El comparendo fue impuesto el 14 de julio de 2026 y contempla una sanción económica de 60.778.080 pesos, además de las medidas administrativas establecidas por el Código Nacional de Tránsito para este tipo de conductas.

Dentro del expediente también reposa el resultado de la prueba de alcoholemia que, según una fuente cercana a la familia de las víctimas, habría establecido que Crispín Mejía Izquierdo conducía en grado tres de embriaguez, el nivel más alto contemplado en la legislación colombiana.

“Tenemos videos donde, presuntamente, se observa que él conducía la camioneta. También está el informe del accidente, el croquis, documentos oficiales donde quedó consignado que intentó abandonar el lugar y el resultado de la prueba de alcoholemia que establece grado tres de embriaguez”, aseguró un allegado a la familia.

Todo este material hace parte de las pruebas que analiza la Fiscalía General de la Nación.

Un accidente con secuelas

Las víctimas fueron identificadas como Cindy Daniela Meza Garcés, Nicolás Arzuza Mora y la niña Antonella Arzuza Meza, de siete años.

La mujer permanece como la paciente más delicada tras sufrir múltiples fracturas, trauma facial severo y lesiones en la mandíbula que han requerido varias intervenciones quirúrgicas.

Los tres fueron auxiliados por habitantes del sector y trasladados inicialmente al puesto de salud de Orihueca antes de ser remitidos a clínicas de mayor complejidad en Santa Marta.

Mientras la recuperación avanza lentamente, la familia insiste en que el proceso judicial llegue hasta las últimas consecuencias.

La gobernación atenta a la investigación

La situación adquirió una dimensión institucional al conocerse que Crispín Mejía Izquierdo ocupa el cargo de Coordinador de Campo de la Secretaría del Interior de la Gobernación del Magdalena.

Tras hacerse pública esa información, la administración departamental anunció la apertura de una investigación interna para establecer las responsabilidades que puedan derivarse del caso.

En un comunicado oficial, la Gobernación del Magdalena expresó su solidaridad con las víctimas, reiteró el respeto por la presunción de inocencia y manifestó que colaborará con todas las autoridades mientras avanzan las investigaciones.

La investigación sigue abierta

Además del comparendo y la prueba de alcoholemia, la Fiscalía analiza videos de cámaras de seguridad, informes técnicos, historias clínicas, registros fotográficos y testimonios de quienes presenciaron el accidente.

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Con ese conjunto de pruebas, las autoridades buscan establecer las responsabilidades penales, civiles y administrativas derivadas de un caso que dejó tres personas heridas y que ahora tiene al líder arhuaco enfrentando una millonaria multa, una investigación judicial y un proceso disciplinario dentro de la Gobernación del Magdalena.