Tras la protesta de habitantes que rechazan el proceso por miedo a perder propiedades o afectar el turismo, la Unidad de Restitución de Tierras y el Cabildo Indígena de Taganga aseguran que el reconocimiento de esa autoridad ancestral no significa despojos ni cambios automáticos sobre viviendas, negocios o inversiones privadas.

Más de cien habitantes recorrieron recientemente las calles de Santa Marta para pedir que se suspenda el proceso relacionado con el Cabildo Indígena de Taganga. La preocupación se extendió entre comerciantes, pescadores, hoteleros y propietarios que temen que un eventual reconocimiento territorial termine afectando las inversiones realizadas durante décadas.

Las dudas crecieron rápidamente.

¿Se pueden perder las propiedades?

¿Cambiarán las reglas para el turismo?

¿El corregimiento dejará de ser administrado como hasta ahora?

Frente a esas inquietudes hablaron tanto la Unidad de Restitución de Tierras como el propio Cabildo Indígena.

El Cabildo ya existe

José Humberto Torres explicó que el Cabildo de Taganga ya fue reconocido oficialmente por el Ministerio del Interior.

Sin embargo, aclaró que ese reconocimiento no convierte automáticamente el territorio en un resguardo ni modifica la propiedad privada.

“La gente no va a ser despojada de sus casas ni de sus negocios por el simple reconocimiento del cabildo”, afirmó.

También aclaró que la Unidad de Restitución actualmente no adelanta procesos de restitución de tierras relacionados con Taganga.

¿Qué está pidiendo el Cabildo?

Los representantes indígenas explican que la solicitud busca el reconocimiento de una escritura colectiva otorgada en 1872-1873 por la Corona española.

Sostienen que desde finales del siglo XIX sus antepasados vienen reclamando ese reconocimiento territorial.

Según el Cabildo, el objetivo principal es proteger el territorio ancestral y frenar nuevas ocupaciones sobre cerros y baldíos nacionales.

“Las propiedades legales serán respetadas”

El representante indígena insistió en que existe mucha desinformación.

Aseguró que quienes compraron de buena fe, construyeron viviendas o realizaron inversiones legítimas conservarán sus derechos.

Incluso afirmó que la legislación protege expresamente esas situaciones.

Las únicas controversias podrían presentarse sobre ocupaciones realizadas en baldíos nacionales o mediante titulaciones presuntamente irregulares.

La visión del Gobierno

Torres coincide en un punto con el Cabildo.

Explica que el reconocimiento de un cabildo indígena genera derechos colectivos para esa comunidad, pero no elimina automáticamente los derechos adquiridos por otros habitantes.

Tampoco afecta el funcionamiento de hoteles, restaurantes, operadores turísticos o comercios.

“Las actividades comerciales, financieras y bancarias continúan normalmente”, explicó.

Una comunidad dividida

Mientras los líderes de las marchas aseguran que representan la preocupación de miles de habitantes, el Cabildo sostiene que las manifestaciones corresponden a un grupo minoritario.

Según sus voceros, la mayoría de los habitantes respalda el reconocimiento histórico de la comunidad indígena.

Incluso aseguran que muchos empresarios turísticos que no son originarios de Taganga continúan desarrollando normalmente sus actividades.

La discusión apenas comienza

El debate alrededor de Taganga apenas entra en una etapa decisiva.

Por un lado, los habitantes reclaman mayor información y participación antes de cualquier decisión.

Por el otro, el Cabildo insiste en que busca el reconocimiento de derechos ancestrales sin afectar a quienes adquirieron legalmente sus propiedades.

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Por ahora no existe ninguna decisión que modifique la propiedad privada ni la actividad económica del corregimiento. El proceso continúa su curso administrativo y, de avanzar hacia nuevas etapas, cualquier controversia deberá resolverse dentro de los mecanismos previstos por la ley y las autoridades competentes.