La Defensoría del Pueblo advirtió que varias comunidades de Sitionuevo enfrentan un riesgo extremo por el avance de grupos armados ilegales que están imponiendo control sobre zonas de la Ciénaga Grande de Santa Marta. La entidad teme un aumento de masacres, desplazamientos forzados y confinamientos si el Estado no actúa de inmediato.

El miedo volvió a imponerse en la Ciénaga

Grande de Santa Marta. En varios pueblos, salir a pescar dejó de ser una rutina y empezó a convertirse en una decisión que puede costar la vida. Hombres armados recorren los corredores fluviales, dictan reglas, vigilan los movimientos de la comunidad y, según la Defensoría del Pueblo, están ampliando su dominio sobre un territorio donde la presencia del Estado pierde terreno frente al poder de las organizaciones ilegales.

La advertencia quedó consignada en una nueva alerta temprana que describe un escenario de riesgo extremo para las comunidades del municipio de Sitionuevo, en Magdalena. La entidad asegura que la confrontación entre grupos armados y su interés por controlar corredores estratégicos de la Ciénaga Grande podría desencadenar una nueva escalada de violencia.

Grupos armados amplían su presencia

La Defensoría señaló que el avance del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y la presencia de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACSN) están generando una creciente presión sobre varias poblaciones del complejo lagunar.

Entre los sectores identificados aparecen Nueva Venecia, Buenavista, Palermo, La Canchera, Caño Clarín, Villa Clarín, San Antonio, Carmona y La Trinidad, zonas consideradas estratégicas por su conexión a través de los caños y cuerpos de agua.

A este panorama se suma la reaparición de ‘Los Carperos’ en Palermo, grupo cuya presencia podría intensificar la disputa por el control del territorio y aumentar los riesgos para la población civil.

El control ya alcanza la vida cotidiana

La alerta sostiene que el problema va mucho más allá de la presencia de hombres armados. Según la Defensoría, estas estructuras comenzaron a imponer normas dentro de las comunidades mediante intimidaciones y amenazas.

Los pobladores enfrentan restricciones para movilizarse por rutas fluviales, reuniones obligatorias y exigencias económicas dirigidas a pescadores, comerciantes y operadores turísticos. Incluso, la entidad advirtió sobre el uso de drones para vigilar los movimientos de la población y fortalecer el control territorial.

La situación también golpea directamente la economía de las familias. En varios sectores, pescadores fueron expulsados de áreas donde tradicionalmente desarrollaban su trabajo y ahora tienen prohibido ingresar a cuerpos de agua que representan su principal fuente de sustento.

La Defensoría teme una nueva escalada de sangre

La preocupación aumentó tras los hechos violentos registrados durante este año. La entidad informó que ha documentado homicidios cometidos con extrema violencia, desapariciones forzadas y ataques armados en diferentes puntos de la región.

Además, recordó la reciente masacre ocurrida en Palmira, jurisdicción de Puebloviejo, donde varias de las víctimas eran habitantes de Nueva Venecia, un episodio que incrementó el temor entre las comunidades de la Ciénaga Grande.

El pronóstico de la Defensoría es aún más preocupante si la situación continúa deteriorándose.

«De no haber intervención estatal, se prevé un incremento de masacres, desplazamientos forzados y confinamientos», advirtió la entidad en su alerta temprana.

Niños y líderes sociales, entre los más vulnerables

El informe también advierte que niños, niñas y adolescentes enfrentan un alto riesgo de ser vinculados de manera forzada por las organizaciones armadas ilegales.

Al mismo tiempo, líderes comunitarios y sociales permanecen bajo amenazas y constantes señalamientos por denunciar lo que ocurre en sus territorios, una situación que limita la capacidad de las comunidades para exigir protección y defender sus derechos.

Piden una reacción inmediata del Estado

Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo emitió 15 recomendaciones dirigidas a entidades nacionales y regionales con el propósito de contener el avance de la violencia.

Las solicitudes fueron dirigidas al Ministerio del Interior, la Armada Nacional, la Policía, la Fiscalía General de la Nación, el ICBF, la Unidad Nacional de Protección y la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas.

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Además, pidió reforzar las operaciones de la Fuerza Pública en los corredores fluviales y zonas estratégicas de la Ciénaga Grande de Santa Marta para recuperar el control institucional y evitar que las advertencias se conviertan en una nueva tragedia para las comunidades que hoy viven bajo la sombra de los grupos armados.