Mientras comerciantes pagan extorsiones a cambio de seguridad, expertos advierten que la ciudad enfrenta el fortalecimiento de un “paraestado” armado.

En Santa Marta se ha normalizado una manera de hacer justicia sin la intervención del Estado que ha do lugar a escenas de castigos a quienes infringen en conductas irregulares.

En grabaciones hechas por hombres armados se ven sometimientos públicos, personas humilladas en videos virales y ciudadanos celebrando en redes sociales lo que consideran una “solución rápida” frente a la inseguridad.

La más reciente grabación mostró a dos hombres completamente desnudos corriendo por la Troncal del Caribe, en las faldas de la Sierra Nevada, mientras hombres en motocicleta los perseguían gritándoles que siguieran avanzando o les disparaban. El castigo, según quienes grababan, era una sanción por haber cometido robos en la zona.

Las imágenes estremecieron al país. Pero en Santa Marta el debate tomó otro rumbo: mientras organismos internacionales hablaron de tortura y violaciones graves a los derechos humanos, en comentarios de redes sociales y conversaciones de barrio aparecieron mensajes de respaldo celebrando la supuesta “efectividad” de estos grupos para reducir hurtos.

Detrás de esa escena aparece nuevamente el nombre de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), señaladas de ejercer control territorial y una especie de seguridad paralela en corredores turísticos y comerciales de Santa Marta y el Magdalena.

La seguridad que reemplaza al Estado

El caso de los hombres desnudos se sumó a otro episodio ocurrido recientemente en Minca. Allí, un creador de contenido denunció el robo de un casco de alto valor. Horas después, hombres que se presentaron como parte de una vigilancia comunitaria lograron recuperarlo y expusieron públicamente al supuesto responsable sin presencia de autoridades oficiales.

Para muchos habitantes, estos hechos reflejan algo más profundo: el crecimiento de una estructura armada que está ocupando espacios donde la institucionalidad perdió presencia o credibilidad.

“Negocios hasta en los barrios vulnerables ya están pagando extorsión a estos grupos. A cambio vemos que ellos muestran resultados exponiendo ladrones en videos donde aparecen rapados, sin cejas o cumpliendo castigos sociales”, explicó Edilberto Rueda, experto en conflicto armado.

El fenómeno ya dejó de ser exclusivo de zonas rurales. Según analistas de seguridad, el poder de las ACSN se fortaleció progresivamente en áreas urbanas, especialmente en corredores turísticos donde comerciantes, hoteles, negocios nocturnos y establecimientos terminan sometidos al pago de cuotas ilegales.

A cambio, reciben vigilancia, resolución de conflictos y reducción de hurtos.

El problema es el precio de esa “seguridad”.

Castigos que la ONU califica como tortura

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos fue contundente al pronunciarse sobre estos hechos.

Para el organismo internacional, obligar a personas a desnudarse, correr públicamente o recibir humillaciones físicas constituye tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

La entidad recordó que estas prácticas violan normas internacionales como la Convención contra la Tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

“La población civil está quedando sometida a mecanismos de control completamente ilegales y ejecutados por fuera de cualquier sistema judicial”, advierten organizaciones de derechos humanos que siguen la situación en el Caribe colombiano.

El pronunciamiento surgió precisamente después de la difusión del video en el que dos hombres fueron obligados a correr desnudos en plena vía pública como castigo ejemplarizante.

La ONU pidió al Estado colombiano activar mecanismos urgentes de protección territorial e investigar judicialmente a los responsables.

Entre el miedo y la aprobación ciudadana

Lo más delicado del fenómeno es que parte de la ciudadanía parece haber comenzado a normalizar este tipo de prácticas.

En redes sociales abundan comentarios respaldando los castigos, argumentando que “al menos así sí hay resultados” frente a la delincuencia.

Ese respaldo preocupa a expertos porque refleja un deterioro de la confianza institucional y una peligrosa aceptación social de mecanismos violentos de control.

“La justicia paralela comienza a legitimarse cuando la gente siente que el Estado no responde. Ahí los grupos armados llenan el vacío ofreciendo orden rápido, aunque sea a través del miedo”, explica un analista de seguridad consultado.

En sectores turísticos de Santa Marta y las estribaciones de la Sierra Nevada, comerciantes reconocen en voz baja que muchos conflictos ya se resuelven por vías distintas a las oficiales.

Un “paraestado” que sigue creciendo

Desde la Alcaldía de Santa Marta el mensaje ha sido insistente: denunciar las extorsiones y acudir a las autoridades formales.

Sin embargo, el problema parece avanzar más rápido que la capacidad institucional de frenarlo.

Mientras los organismos internacionales hablan de tortura y violaciones graves a los derechos humanos, en algunos sectores de Santa Marta las ACSN comienzan a consolidarse como una autoridad paralela que castiga, vigila y decide quién merece sanción.

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La preocupación de fondo es que esa estructura ya no opera únicamente desde la clandestinidad armada. Ahora también empieza a encontrar algo todavía más peligroso: legitimidad social.