Al hombre se le comprobó su responsabilidad en la muerte del animal que atacó en la vía pública, logrando así un acuerdo judicial que cambia la pena de prisión por su salida inmediata del país.

La expulsión inmediata de España es la medida judicial que recibirá el ciudadano colombiano Andrés Camilo Candela Fino, de 29 años, tras comprobarse su responsabilidad en el escenario penal por la muerte de una gata.

El procesado, quien permanecía de forma irregular en el país, logró un acuerdo con la justicia europea para eludir una condena de cárcel efectiva.

A cambio de suspender la pena de prisión, el imputado aceptó el decreto de salida obligatoria del territorio español y una restricción formal que le impedirá el ingreso a cualquier país de la Unión Europea por un lapso de cinco años.

La sanción administrativa y judicial se derivó de un ataque violento en la vía pública, el cual, según las líneas de investigación, se ejecutó como una presunta retaliación hacia la expareja del implicado.

El soporte principal de la acusación fue una grabación aportada por un testigo civil que presenció el hecho.

En el material audiovisual se constató que el hombre utilizó un palo para propinar cerca de 20 impactos en la cabeza del animal, complementando la agresión con múltiples patadas hasta dejarlo inconsciente en el pavimento.

Tras el suceso, el agresor se retiró de la zona antes de la llegada de las patrullas policiales, que habían sido alertadas por los vecinos. Debido a que el sospechoso continuaba circulando por los sectores aledaños, la ciudadanía difundió carteles con sus datos de identificación para forzar su captura, lo que finalmente condujo a que el investigado se presentara ante los tribunales correspondientes.

Lea aquí: Sicarios desatan el pánico en Gaira tras irrumpir en un negocio y dejar a un hombre al borde de la muerte

La resolución de aplicar la expulsión en lugar de la privación de la libertad motivó un plantón de protesta por parte de los residentes frente al inmueble donde ocurrió el delito, donde se exhibieron evidencias fotográficas para exigir un juicio penal ordinario. En paralelo, las entidades de protección animal en Europa informaron que mantienen bajo desarrollo sus programas de vigilancia para prevenir actos delictivos contra la fauna callejera.