El Ministerio de Transporte y la Supertransporte investigan a 37 organismos de tránsito por presuntas irregularidades en cámaras de fotodetección. Millones de comparendos podrían quedar anulados y miles de conductores ya hablan de devoluciones de dinero.

Durante años, millones de colombianos pagaron fotomultas entre rabia, reclamos y dudas sobre la legalidad de las cámaras. Hoy, todo ese sistema quedó bajo sospecha.

El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte abrieron una investigación contra 37 organismos de tránsito por presuntas irregularidades en la operación de cámaras de fotodetección. La revisión alcanza más de 7,5 millones de comparendos y al menos 5,8 millones podrían perder validez.

La investigación golpea ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga, donde funcionan varias de las cámaras cuestionadas. El Gobierno busca establecer si las sanciones fueron impuestas cumpliendo realmente los requisitos técnicos y legales.

Conductores exigen respuestas

La noticia desató expectativa entre miles de ciudadanos que durante años denunciaron notificaciones tardías, multas inesperadas y sanciones que consideraban injustas.

Ahora muchos esperan recuperar dinero pagado por comparendos que podrían terminar anulados. Otros buscan limpiar historiales afectados por fotomultas que complicaron trámites y acuerdos de pago.

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Aunque la investigación ya sacudió al país, todavía no existe un plan nacional para devolver dinero o revocar sanciones. Cada organismo de tránsito deberá revisar caso por caso, en un proceso que podría tardar meses.