El mandatario desautorizó el trámite realizado ante la justicia para suspender las detenciones de la cúpula de una organización armada, tras asegurar que la inclusión de personas con procesos de extradición activos no fue aprobada por su despacho ni se ajusta a las fases actuales de la política de paz.

El presidente Gustavo Petro marcó una distancia radical frente a las recientes gestiones de su Comisionado de Paz, Otty Patiño, al asegurar que la solicitud para levantar las órdenes de captura de 29 líderes del Clan del Golfo se hizo a sus espaldas.

El jefe de Estado fue contundente al señalar que nunca dio el visto bueno para incluir en estos beneficios a delincuentes requeridos por la justicia internacional, como Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”. Con esta declaración, el mandatario asume el control total de la estrategia de paz y deja claro que cualquier movimiento de su equipo de trabajo debe pasar obligatoriamente por su despacho antes de llegar a la Fiscalía.

“Yo no he suspendido la orden de extradición de alias ‘Chiquito Malo’ ni he autorizado la lista de los primeros cuatrocientos combatientes que irán a la zona de concentración del sur de Córdoba para su salida de la violencia que implica sometimientos a la justicia que la ley ya permite a la Fiscalía General”, aseguró el mandatario en su cuenta de X.

El pronunciamiento presidencial surge como una respuesta directa al freno puesto por la fiscal Luz Adriana Camargo, quien se negó a procesar la solicitud del Gobierno por falta de rigor técnico y legal.

Petro respaldó esta posición al aclarar que, bajo su mandato, no se ha firmado ninguna suspensión de extradiciones y que la ley colombiana solo permite ese tipo de medidas cuando un proceso de paz ya está consolidado.

Al no existir un avance real en el desmantelamiento de las economías ilícitas ni garantías totales para la población civil, el presidente considera que es prematuro otorgar libertades o beneficios judiciales a la alta jerarquía del grupo armado.

Para corregir el rumbo de la negociación, el Ejecutivo ordenó elaborar una nueva lista de 400 combatientes que se desplazarán hacia zonas de concentración en el departamento de Córdoba. Sin embargo, esta vez el mandatario impuso una regla innegociable: el listado solo podrá contener nombres de integrantes de base que no tengan deudas pendientes con la justicia de otros países.

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De esta manera, el Gobierno Nacional intenta resolver el conflicto administrativo con la Fiscalía, reafirmando que las zonas de ubicación temporal son una facultad constitucional del presidente y que no se convertirán en refugios para evitar el cumplimiento de las leyes de extradición vigentes.