Episodios de abuso sexual dentro de la cárcel El Pedregal, en Medellín, salieron a la luz donde custodios habrían utilizado drogas para someter a internas en condición de aislamiento.

Los escándalos en las cárceles no cesan. Otra vez funcionarios del Inpec quedan en la mira de la polémica, en medio de una seguidilla de casos que han salpicado distintos penales del país, como la cárcel de Itagüí, la cárcel La Picota en Bogotá y ahora la cárcel El Pedregal en Medellín.

Una denuncia terminó destapando un patrón más amplio dentro de la cárcel El Pedregal, en Medellín. Las autoridades avanzan ahora en la investigación de varios casos en los que funcionarios del Inpec habrían abusado sexualmente de mujeres privadas de la libertad, aprovechando su posición de poder y las condiciones de encierro extremo.

Cuatro de ellos —tres dragoneantes y un auxiliar— ya fueron capturados, pero el expediente revela que los hechos no se limitan a un solo episodio. Las diligencias adelantadas hasta el momento han permitido documentar al menos seis casos de presuntos delitos sexuales, todos ocurridos en contextos similares, principalmente en la Unidad de Tratamiento Especial (UTE), un pabellón de aislamiento donde las internas quedan prácticamente sin supervisión externa.

Uno de los elementos más graves que emerge de la investigación es el uso de sustancias para someter a las víctimas.

Según las autoridades, en varios casos los implicados habrían suministrado drogas a las internas, dejándolas en estado de indefensión para luego acceder a ellas sexualmente. Esa práctica, de acuerdo con el expediente, habría sido recurrente y parte de una dinámica de control dentro del penal.

El ingreso ilegal de estupefacientes, licor y teléfonos celulares también forma parte del entramado. Los funcionarios, valiéndose de su rol, habrían facilitado el ingreso de estos elementos y los utilizaban como mecanismo de presión, intercambio o manipulación sobre las reclusas, consolidando un ambiente de sometimiento dentro de los pabellones.

Uno de los casos que originó las capturas había sido trasladada desde Tuluá y permanecía en la UTE por su presunta relación con una estructura criminal. Sin embargo, las investigaciones señalan que esa condición no solo no garantizó su seguridad, sino que la expuso aún más a los abusos, al quedar bajo control directo de quienes debían custodiarla.

En total, el proceso investigativo incluye al menos 14 entrevistas, diligencias de reconocimiento y análisis de información que también han permitido identificar nueve hechos relacionados con tráfico de estupefacientes dentro del centro penitenciario. A esto se suma el delito de concusión, por el cual los implicados habrían intentado interferir en el curso de las indagaciones.

El caso revive cuestionamientos que ya habían surgido en años recientes en ese mismo penal. Antecedentes como el de 2024, cuando otra interna quedó embarazada tras un presunto abuso, evidencian que no se trataría de hechos aislados, sino de fallas estructurales en los controles y en la protección de los derechos de las mujeres recluidas.

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Mientras los capturados enfrentan medida de aseguramiento y la Fiscalía profundiza en las indagaciones, la investigación sigue abierta y no se descarta que aparezcan más víctimas.

La línea que siguen las autoridades apunta a determinar hasta dónde llegaba esta práctica y quiénes más pudieron haber estado involucrados dentro del sistema penitenciario.