Tras años de disputas judiciales, la Agencia Nacional de Tierras tomó posesión de la finca Buenavista, un baldío de más de 6.000 hectáreas en Vichada que permanecía bajo control de particulares vinculados a sectores políticos. El predio ahora será destinado a familias campesinas.

6000 mil hectáreas de tierra pública usadas durante años para ganadería privada terminaron nuevamente en manos del Estado.

Detrás del predio había reses, pastos, explotación de recursos y un largo blindaje judicial que permitió que un baldío nacional funcionara como si tuviera dueño particular.

La finca Buenavista, ubicada en La Primavera, Vichada, estuvo durante años bajo control de Nicolás Laserna, primo de la senadora Paloma Valencia, y de Gustavo Londoño, exdirigente del Centro Democrático condenado por corrupción electoral.

Ahora, tras una batalla jurídica que tardó más de una década, la Agencia Nacional de Tierras recuperó oficialmente el predio para entregarlo a campesinos.

La decisión representa uno de los golpes más fuertes contra el acaparamiento de baldíos en Colombia y revive los cuestionamientos sobre cómo grandes extensiones de tierra pública terminaron convertidas en negocios privados mediante maniobras judiciales.

Un baldío convertido en hacienda privada

La finca recuperada tiene 6.182 hectáreas. Su extensión supera incluso el tamaño de la famosa Hacienda Nápoles. Allí funcionaba una explotación ganadera a gran escala con cerca de 860 reses, adecuaciones de pasto y aprovechamiento de fuentes hídricas. Mientras tanto, decenas de familias campesinas seguían reclamando acceso a tierras para sobrevivir.

El problema era de fondo: Buenavista nunca dejó de ser un baldío de la Nación. Por ley, esas tierras son inalienables y no pueden venderse ni quedar bajo control privado. Aun así, durante años permanecieron ocupadas mediante procesos judiciales que intentaron legalizar la apropiación.

La Agencia Nacional de Tierras llegó al predio para asumir oficialmente su control y poner fin a una ocupación que el alto tribunal terminó declarando irregular.

El fallo que abrió la puerta

El conflicto comenzó con una supuesta compraventa realizada a un colono, aunque nunca aparecieron registros notariales válidos ni matrículas inmobiliarias legítimas que respaldaran la operación.

En 2014, los ocupantes acudieron a juzgados de Puerto Carreño usando la figura de la usucapión para intentar quedarse legalmente con el terreno.

Tres años después, la jueza Derlis Vega falló a favor de los ocupantes y ordenó abrir matrícula inmobiliaria para el predio. La decisión ignoró la jurisprudencia que prohíbe a jueces civiles adjudicar baldíos y además se tomó sin notificar a la Agencia Nacional de Tierras.

Ese fallo permitió que durante años un bien público siguiera funcionando como propiedad privada.

La Corte Suprema frenó la apropiación

La historia empezó a cambiar en 2019, cuando el mismo juzgado terminó revocando la decisión inicial tras la presión jurídica ejercida por el Estado.

Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia ratificó que el terreno debía regresar a la Nación. El alto tribunal dejó claro que los predios sin antecedentes registrales deben presumirse baldíos y, por lo tanto, no pueden quedar en manos de particulares.

La sentencia también dejó expuesta una realidad incómoda: durante años, bienes públicos lograron privatizarse usando vacíos institucionales y decisiones judiciales cuestionadas.

El problema va mucho más allá de Vichada

El caso Buenavista apenas representa una parte de un problema mucho más grande. Según cifras oficiales, el acaparamiento irregular de baldíos ha afectado cerca de 370.000 hectáreas en Colombia.

Actualmente existen 366 procesos agrarios estancados que involucran unas 112.000 hectáreas atrapadas en disputas jurídicas. Muchas siguen en un limbo mientras el país continúa sin una jurisdicción agraria especializada que acelere este tipo de casos.

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El director de la ANT, Juan Felipe Harman, aseguró que la recuperación de Buenavista busca destrabar la entrega de tierras para campesinos que durante años han esperado acceso a parcelas productivas.