La justicia condenó a 80 meses de prisión e impuso una multa millonaria a un agente de tránsito que exigía dinero a cambio de evitar sanciones, sentando un precedente legal frente a años de denuncias ciudadanas sobre irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

Un fallo judicial del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Villavicencio ha sentado una postura clara frente a las denuncias de corrupción en la Secretaría de Movilidad, al dictar una sentencia condenatoria contra el agente Jarmac Valencia Cuéllar.

Este proceso judicial, que ha captado la atención pública, pone fin a años de señalamientos ciudadanos sobre irregularidades en los operativos de tránsito, transformando lo que eran quejas recurrentes en una decisión legal contundente que obliga a la revisión de los controles internos dentro de la entidad municipal.

La justicia halló responsable a Valencia Cuéllar por el delito de cohecho propio, al comprobar que el exfuncionario utilizaba su posición para solicitar dinero a los conductores a cambio de omitir la imposición de comparendos.

Como consecuencia de estos actos, el despacho judicial determinó una pena de 80 meses de prisión, además de una multa económica superior a los 130 millones de pesos, correspondiente a 66,66 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Asimismo, el exservidor público fue inhabilitado para ocupar cargos o desempeñar funciones estatales durante un periodo de tiempo equivalente a la duración de su condena.

El juez encargado del caso fue enfático en la ejecución de la pena, negando cualquier posibilidad de medidas alternativas, como la prisión domiciliaria o la suspensión condicional de la sanción.

De esta forma, una vez la sentencia quede en firme en segunda instancia, el condenado deberá cumplir la totalidad de su pena en un centro penitenciario.

La relevancia de este caso trasciende la sanción individual, ya que los habitantes de Villavicencio habían manifestado en múltiples ocasiones que sus denuncias previas sobre los procedimientos del agente no encontraron eco en la administración municipal ni en los niveles directivos de la Secretaría de Movilidad.