Líderes de 23 veredas bloquearon una vía clave en Santa Marta para exigir garantías, tras denunciar presuntos atropellos en operativos contra estructuras armadas. Piden diálogo urgente y acompañamiento institucional ante el temor que se ha instalado en la Sierra.

Desde las 10 de la mañana de este lunes, campesinos, cafeteros y líderes comunales del corregimiento de Minca bajaron de la Sierra y se plantaron en la vía a la altura de Mamatoco, frente a Bavaria. El paso vehicular quedó bloqueado. La movilidad colapsó y los manifestantes se hicieron sentir.

Son representantes de 23 veredas que decidieron salir del territorio para denunciar lo que califican como abusos en medio de los operativos que adelanta la Fuerza Pública contra las Autodefensas Conquistadores de la Sierra.

La comunidad no rechaza la presencia del Estado. Reclama la forma en que está llegando.

“Nosotros no estamos en contra de que hagan operativos, pero que los hagan bien, respetando a la gente”, dijo en medio del plantón Gustavo Becerra, uno de los voceros.

“Entraron a las casas, hubo disparos y miedo”

Las denuncias apuntan a procedimientos recientes en zonas como Los Moros y Aguas Lindas. Según los campesinos, los operativos han dejado escenas que hoy mantienen en zozobra a familias enteras.

Alcira Martínez, lideresa de la zona, relató uno de los episodios más delicados. Su voz se quebró mientras hablaba.

“Entraron a mi casa, hicieron disparos, hubo amenazas. Mi hija de 11 años estaba ahí. La intimidaron, le dijeron que si no hablaba me llevaban presa”, aseguró.

La mujer también denunció la detención de su hermano, un campesino cafetero afiliado a cooperativas, de quien —según afirma— no se tiene claridad sobre su situación jurídica.

“¿Por qué atacan a los campesinos y no a los grupos armados?”, cuestionó en medio de la protesta.

Otros habitantes coinciden en que durante los operativos se han presentado irrupciones en viviendas, inspecciones sin claridad y procedimientos que consideran desproporcionados.

El miedo se instaló en la Sierra

El punto que prendió las alarmas fue un operativo ocurrido en la madrugada del sábado. Según los testimonios, hubo disparos y tomas de fincas bajo la sospecha de presencia de miembros de grupos armados.

Desde entonces, el temor se volvió rutina.

Campesinos aseguran que cada vez que llega la Fuerza Pública, la comunidad queda en medio de los procedimientos. No saben si protegerse, huir o quedarse.

“Uno ya no sabe qué hacer cuando llegan. Si correr o quedarse. Estamos en la mitad de todo”, dijo otro habitante que prefirió no identificarse.

La sensación que describen es la de un territorio donde la guerra se cruza con la vida cotidiana.

La carta: un grito por garantías

La protesta estuvo acompañado por un documento formal dirigido a la Defensoría del Pueblo, personerías, organizaciones de derechos humanos y entidades del Estado.

En la carta, los líderes reconocen la importancia de la presencia institucional, pero denuncian “situaciones de abuso, atropello y vulneración de los derechos humanos hacia la población civil”.

Solicitan acompañamiento durante las manifestaciones, verificación de los procedimientos y medidas para evitar el uso desproporcionado de la fuerza.

El documento se ampara en derechos constitucionales como la protesta pacífica y el derecho de petición, dejando claro que la movilización es un mecanismo legítimo ante la falta de respuestas.

La respuesta del Distrito: responsabilidad nacional

En medio del plantón, la alta consejera para la paz del Distrito, Jennifer del Toro, atendió a los manifestantes y lanzó un mensaje directo al Gobierno Nacional.

Aseguró que la situación que hoy vive el territorio es consecuencia de un proceso de paz que no ha avanzado como se esperaba.

“Hay unos diálogos sociojuridicos que se quedaron en el papel. No hay resultados concretos y eso ha generado permisividad frente a los grupos armados y que haya mucha incertidumbre”, afirmó.

Del Toro fue clara en otro punto: los operativos son necesarios, pero deben respetar los derechos de la población civil.

“No se pueden pasar por encima de los campesinos. Hay unos protocolos que deben cumplirse y unas garantías que deben mantenerse”, señaló.

Exigen diálogo y presencia del alto nivelLos manifestantes dicen que su exigencia es puntual y tiene que ver con una mesa de diálogo con la gobernadora Margarita Guerra y representantes del Gobierno Nacional.

Quieren claridad sobre los operativos, garantías para sus comunidades y un control real sobre las acciones en el territorio.

La protesta se mantuvo pacífica, aunque con fuertes afectaciones en la movilidad. Conductores buscaron rutas alternas y el caos vial se extendió por varias horas.

Un territorio en disputa… y una comunidad en medio

Lo que ocurre en Minca no es un hecho aislado. Es el reflejo de un territorio donde confluyen operaciones militares, presencia de grupos armados y comunidades que viven de la tierra.

En ese escenario, los campesinos sienten que están pagando el costo más alto.

Entre operativos, sospechas y ausencia histórica del Estado, la Sierra vuelve a encender una alarma: la seguridad no puede construirse a costa de la población civil.

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Y mientras las autoridades anuncian que las operaciones continuarán hasta capturar y neutralizar estructuras armadas, en las veredas el mensaje es otro.Quieren seguridad. Pero con respeto. Quieren Estado. Pero sin miedo.