Fue asfixiada con un cordón de zapato por adolescentes que estaban bajo su cuidado; las autoridades investigan por qué no se atendió el llamado de auxilio que la víctima realizó a sus superiores antes del crimen.

En el barrio La Libertad de Barrancabermeja, Karelys Merlano, una mujer de 46 años que trabajaba como formadora en el centro de atención del Bienestar Familiar, fue asesinada presuntamente por cuatro adolescentes a los que ella misma cuidaba.

El reporte de las autoridades indica que el ataque ocurrió en el patio del lugar, donde los jóvenes habrían utilizado un cordón de zapato para asfixiarla.

Aunque intentaron auxiliarla, Merlano ya había fallecido.

El eje de la investigación judicial apunta a que la tragedia se pudo evitar. Se conoció que, horas antes del crimen, la mujer tuvo una fuerte discusión con los menores y avisó a sus jefes sobre la situación de tensión.

Merlano solicitó apoyo o que alguien llegara a relevarla en su turno, pero presuntamente nadie atendió su llamado. Debido a esto, la Fiscalía y la Policía investigan ahora si hubo fallas u omisiones en el cumplimiento de los protocolos de seguridad por parte de los encargados del centro de protección.

Luego de cometer el homicidio, los cuatro jóvenes escaparon del inmueble. Vecinos de la zona aseguraron haberlos visto salir corriendo, lo que permitió a la Policía del Magdalena Medio activar un operativo de búsqueda.

Hasta el momento se habla de capturas preliminares, pero se espera la confirmación oficial sobre cuántos de los implicados ya están bajo custodia de las autoridades para responder por este delito.

Karelys Merlano, quien además de su labor social trabajaba como instrumentista en la Clínica San Nicolás, era la esposa de Alejandro Cabarcas, periodista y corresponsal de RCN Televisión. La víctima deja dos hijos y su familia enfrentaba recientemente el duelo por la muerte de una de sus hermanas.

Lea aquí: Dijo que no iría, pero fue y terminó muerto: mensajes antes de la muerte del barrista del Junior

El cuerpo fue trasladado para los exámenes legales mientras avanza el proceso para judicializar a los responsables bajo las leyes que rigen a los menores de edad en el país.