La Inspección de Convivencia y Paz Urbano Central Norte anuló el comparendo impuesto al exconcejal Miguel “el Mono” Martínez al concluir que no existían pruebas suficientes para demostrar la supuesta conducta sexual en vía pública que le atribuyó la Policía. Ahora anuncia demandas, exigirá disculpas públicas y dice temer por su vida.

Lo que la Policía presentó como un procedimiento por presuntos actos sexuales dentro de un carro terminó derrumbándose en el escritorio de la autoridad administrativa. Miguel Ignacio Martínez Olano, conocido como ‘el Mono’ Martínez, logró que le anularan el comparendo que le impusieron el 5 de marzo de 2026, luego de que la inspección concluyera que no había una sola prueba seria que demostrara la conducta por la que quisieron sancionarlo.
Martínez convirtió su defensa en una denuncia pública. Desde el primer momento aseguró que en Santa Marta “la policía me la tiene montada” y que el procedimiento en su contra no fue un simple requerimiento, sino un operativo desproporcionado, intimidante y humillante.

Según su relato, seis uniformados lo rodearon mientras permanecía dentro de su vehículo con su pareja. La escena, incluso, fue transmitida en vivo por él mismo. Lo que más le indignó no fue solo el señalamiento de estar incurriendo en actos sexuales en espacio público, sino el trato que, dice, recibió como si fuera un delincuente peligroso.

“Un agente me golpeó el vidrio con una pistola y estaba encapuchado. Parecía un operativo de alto calibre para atrapar a un criminal. Por eso me asusté, porque lo único que hacía era conversar con mi pareja dentro de mi vehículo”, sostuvo el exconcejal, visiblemente molesto, al insistir en que su reacción airada obedeció al miedo y a la indignación de sentirse atropellado.

La resolución que terminó favoreciéndolo le dio un golpe de frente al procedimiento policial. En el análisis del expediente No. 47-001-6-2026-1378, la inspección dejó claro que el material probatorio era débil, insuficiente y jurídicamente incapaz de sostener una sanción.

De acuerdo con el documento, las únicas pruebas anexadas eran dos fotografías: una en la que Martínez aparecía fuera del vehículo y otra en la que se registraba su documento de identidad. Nada más. Ninguna imagen mostraba la conducta denunciada. Ninguna acreditaba de forma directa o indirecta la supuesta infracción. Ninguna permitía establecer con claridad qué ocurrió, cómo ocurrió, ni en qué condiciones se habría materializado el comportamiento que la Policía quiso endilgarle.

La conclusión fue que las fotos no satisfacían la carga mínima de prueba exigida en un proceso sancionatorio. En otras palabras, quisieron multarlo sin demostrar nada.

La inspección recordó además que en materia administrativa sancionatoria rigen principios fundamentales como el debido proceso, la presunción de inocencia y la necesidad de contar con prueba suficiente antes de imponer una medida correctiva. Bajo ese análisis, resolvió que no era jurídicamente procedente mantener la Multa General Tipo 3 ni la amonestación que pesaban sobre Martínez.

“Tienen que retractarse y pedirme disculpas”

Para el exconcejal, la decisión no solo limpia su nombre, sino que ratifica lo que denunció desde el primer día: que fue víctima de un señalamiento arbitrario. Sin embargo, advierte que no piensa quedarse celebrando la anulación del comparendo.

Martínez anunció que irá más allá. Dijo que demandará a dos de los policías que participaron en el operativo por los daños y perjuicios causados a él y a su pareja sentimental. También exigirá una sanción disciplinaria contra los uniformados y reclamará disculpas públicas y retractación, al considerar que fue expuesto injustamente ante la opinión pública.

“No estoy conforme. Quiero que ellos pidan perdón público y se retracten”, insistió.

El exconcejal también aseguró que teme por su seguridad y que solicitará medidas de protección. Según su versión, cuenta con videos que demostrarían que actuó de inmediato al momento en que el uniformado tocó la puerta de su vehículo con el arma. Para él, ese registro y los vacíos del expediente fueron determinantes para desmontar la versión oficial.

De esta manera, lo que comenzó como un comparendo por una supuesta falta a la convivencia terminó convertido en un nuevo pulso entre Miguel “el Mono” Martínez y la Policía. Uno que ya no se mueve solo en el terreno de la defensa administrativa, sino en el de las posibles demandas, las denuncias por abuso de autoridad y la exigencia de reparación pública.

Porque para Martínez el asunto no terminó cuando le tumbaron la multa. Ahí, apenas, comenzó la pelea de verdad.