Autoridades anunciaron millonarias inversiones, un fuerte permanente de carabineros y un plan integral de manejo ambiental para garantizar la protección de la reserva y reactivar el turismo.

Después de 20 días de incertidumbre y pérdidas millonarias, el Parque Nacional Natural Tayrona volverá a recibir visitantes.

Este miércoles, en una mesa institucional que reunió a entidades del Gobierno, autoridades locales, fuerza pública, gremios del turismo y representantes indígenas, se oficializó la decisión de reabrir el parque a partir del 5 de marzo, tal como lo había anticipado en exclusiva Entérate en Linea.

El cierre, inicialmente provocado por afectaciones climáticas severas y deterioro de senderos, terminó derivando en una crisis más compleja que involucró seguridad, conflictos por el manejo del área protegida y delitos ambientales.

La reapertura llega ahora con un compromiso institucional que busca evitar que la situación se repita.

“Este ha sido un trabajo intenso de dos semanas y más de 45 reuniones para generar condiciones de seguridad, coordinación y diálogo que permitan la reapertura del parque”, explicó Luis Olmedo Martínez, director general de Parques Nacionales.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 012, que establece el reinicio de actividades ecoturísticas bajo nuevas condiciones de control y manejo.

Un plan para recuperar el Tayrona

Uno de los anuncios centrales fue la inversión en infraestructura y recuperación ambiental del parque.

Las lluvias del reciente frente frío dejaron senderos deteriorados y afectaciones en varios sectores, lo que obligó a suspender temporalmente el ingreso de visitantes.

El subdirector de Gestión del Riesgo, Rafael Cruz, confirmó que ya se definió una inversión para reparar los caminos.

“Se invertirán 1.500 millones de pesos para recuperar senderos afectados por las lluvias y garantizar que la atención vuelva a la normalidad”, explicó.

A esta inversión se suma un proyecto adicional de 2.750 millones de pesos para infraestructura turística liviana, anunciado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

El viceministro Juan Sebastián Sánchez explicó que el objetivo es mejorar la experiencia de los visitantes sin afectar el ecosistema.

“Reconocemos el impacto económico que tuvo el cierre del parque, pero todas las decisiones se tomaron priorizando la protección ambiental. Ahora trabajamos en proyectos que permitan fortalecer los servicios turísticos y la competitividad del destino”, afirmó.

Además, el Gobierno anunció que la próxima semana equipos técnicos recorrerán el Tayrona para estructurar proyectos que serán presentados ante Fontur, con el fin de acelerar las inversiones.

Seguridad reforzada dentro del parque

Uno de los puntos que más preocupación generó durante la crisis fue la seguridad dentro del área protegida, tras denuncias sobredelitos ambientales y presencia de actores ilegales.

Por esa razón, el Gobierno ordenó la instalación de un fuerte permanente de carabineros en el parque, una medida solicitada por el presidente Gustavo Petro.

El brigadier general Germán Oviedo, director de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía, explicó que la estrategia incluye presencia permanente de unidades especializadas.

“Tenemos tres líneas de despliegue: preventiva, operativa e investigativa. Ya hay 70 hombres y mujeres en el parque y esperamos llegar a 80 efectivos, con patrullajes a caballo, unidades caninas y equipos especializados”, indicó.

Según la Policía, el objetivo es garantizar control territorial y actuar contra quienes cometan delitos ambientales o actividades ilegales dentro y en los alrededores de la reserva.

Las unidades también trabajarán de forma articulada con la Fiscalía para recolectar pruebas y lograr capturas contra responsables de crímenes ambientales.

La lucha contra los delitos ambientales

El Ministerio de Ambiente confirmó que uno de los focos de la estrategia será combatir la deforestación y otras actividades ilegales dentro del Tayrona.

El funcionario Andrés Velasco, Andrés Felipe Velasco, coordinador de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación (Conaldef) en Colombia, explicó que el Gobierno ha activado una ruta especial para investigar estos delitos.

“Se han instalado 12 mesas institucionales y delegados dos fiscales especializados para investigar crímenes ambientales en el parque. La apertura será seria y progresiva”, afirmó.

El funcionario señaló que el Estado busca entender las dinámicas criminales que afectan la reserva y perseguir judicialmente a los responsables.

Además, se fortalecerá el trabajo con el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación, liderado por el Ministerio de Ambiente.

El desafío del diálogo con las comunidades indígenas

Otro de los temas que influyó en la crisis del Tayrona fue la tensión con comunidades indígenas, especialmente tras una demolición realizada por autoridades dentro del parque que generó inconformidad entre sectores del pueblo kogui.

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Parques Nacionales aseguró que existe disposición para trabajar de manera conjunta con las comunidades, pero dentro del marco legal.

“Tenemos una propuesta para manejar conjuntamente el área protegida dentro del plan de manejo del parque. Se puede trabajar con las comunidades indígenas, pero siempre dentro del marco de la ley y la institucionalidad”, explicó el director de Parques.

El plan contempla 18 meses de trabajo para normalizar la operación del parque y fortalecer su gobernanza ambiental.