El contrato por $10.000 millones para instalar 140 cámaras de seguridad en Salamina entró en revisión del Gobierno nacional. El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que verificará el proceso luego de que la prensa expusiera la denuncia sobre la presunta utilización de un Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) sin soporte válido.

Durante una visita oficial a Santa Marta, el funcionario afirmó que indagará lo ocurrido con el proyecto de circuito cerrado de televisión, financiado —según el convenio interadministrativo N 2353 de 2025— con $9.000 millones de la Nación y $1.000 millones como contrapartida municipal.

El cuestionamiento principal radica en que el respaldo presupuestal que debía aportar el municipio no aparecería registrado oficialmente, lo que podría comprometer la legalidad del proceso.

La denuncia también advierte que el proyecto habría sido sustentado en cifras de inseguridad que no corresponderían a la realidad local, pues, según reportes oficiales de la Policía, los indicadores del municipio no superan un dígito.

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Más de dos semanas después de hacerse públicos los señalamientos, la Alcaldía de Salamina no ha desmentido los hechos denunciados.