Alias ‘Cholo’, líder de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, plantea que sus hombres se transformen en un modelo de cooperación comunitaria con el Estado tras un eventual sometimiento a la justicia. La idea revive una figura aplicada en los años 90 que fracasó por la infiltración ilegal y hoy vuelve al centro de la discusión sobre cómo garantizar la seguridad en territorios abandonados.

Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, un grupo armado con cerca de mil integrantes, presencia en la Sierra Nevada y participación en diálogos con el Gobierno nacional propone cambiar su modelo de operación ilegal por funciones de vigilancia comunitaria respaldadas por el Estado.

José Luis Pérez, alias “Cholo”, comandante de las ACSN, dijo en entrevista con Revista Semana que, si el proceso de negociación llega a buen término, sus integrantes podrían convertirse en una especie de convivir: organizaciones civiles que trabajen junto al Gobierno para proteger el territorio y alertar sobre la llegada de otros grupos armados.

La propuesta no es nueva en Colombia. Ya se intentó hace tres décadas. Y terminó marcando una de las discusiones más complejas de la historia reciente del conflicto.

Un grupo armado que dice haber nacido del vacío estatal

Según explicó el comandante, la organización surgió tras la muerte de ‘Chucho Pachenca’ que llevó a la desaparición de los antiguos Pachenca y en medio de disputas territoriales que dejaron a comunidades rurales expuestas a diferentes actores ilegales.

Su relato insiste en una idea central: la ausencia estatal obligó a comunidades locales a organizarse para defenderse.

“Si hubiera presencia total del Estado, no habría existido la necesidad de Conquistadores”, afirmó.

La estructura, integrada —según su versión— por habitantes de la región, asegura conocer cada corredor de la Sierra y sostiene que su permanencia ha impedido la expansión de otros grupos armados.

Actualmente mantienen confrontaciones con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia mientras avanzan conversaciones con el presidente Gustavo Petro dentro de los procesos de sometimiento colectivo.

La propuesta: pasar de grupo armado a cooperación comunitaria

El planteamiento de alias Cholo consiste en que, tras dejar las armas, los integrantes puedan cumplir funciones de información territorial y vigilancia preventiva en coordinación con Ejército, Policía e incluso comunidades indígenas.

La idea sería actuar como una red de conocimiento local capaz de advertir movimientos de estructuras ilegales antes de que se consoliden en la región.

“Nosotros conocemos perfectamente la Sierra. La información puede evitar que entren otros grupos”, explicó.

El planteamiento nace, según Cholo de una preocupación fuerte que existe entre las poblaciones de la zona y tiene que ver en cómo se garantizará seguridad en estos territorios donde el Estado históricamente ha tenido presencia limitada.

El antecedente: cuando Colombia apostó por las convivires

En los años noventa, Colombia creó las Convivir, cooperativas de vigilancia y seguridad privada autorizadas legalmente para apoyar la seguridad rural.

Surgieron en un contexto de secuestros masivos, extorsión y expansión guerrillera, cuando ganaderos y campesinos reclamaban mecanismos de protección ante la incapacidad estatal de cubrir amplias zonas del país.

El modelo buscaba que civiles organizados colaboraran con información y vigilancia sin reemplazar a la Fuerza Pública.

Sin embargo, con el paso del tiempo, varias de estas cooperativas terminaron infiltradas por intereses ilegales y estructuras armadas que aprovecharon la figura para consolidar poder territorial. El Estado terminó desmontándolas tras decisiones judiciales que limitaron sus funciones.

El intento de cooperación comunitaria no pasó de un experimento fracasado. ¿Un modelo repetido o una oportunidad distinta?Tres décadas después, la propuesta reaparece en un contexto diferente: negociaciones con grupos armados, mayor control institucional y un país que intenta cerrar ciclos de violencia mediante procesos de sometimiento.

La pregunta que surge no es solo histórica, sino práctica.

¿Podría un esquema de cooperación comunitaria funcionar bajo supervisión estatal estricta y convertirse en una herramienta para blindar la Sierra Nevada frente a nuevos actores armados?

¿O terminaría reproduciendo estructuras de poder que, aun desarmadas, mantendrían influencia sobre la población civil?

El propio comandante reconoce la fragilidad del escenario. “Nosotros soltamos las armas y en poco tiempo llega otro grupo”, aseguró, insistiendo en que la seguridad del territorio no desaparecería con la desmovilización.

La Sierra, un territorio en disputa permanente

La Sierra Nevada de Santa Marta ha sido históricamente un corredor estratégico para guerrillas, paramilitares y bandas criminales debido a su geografía, rutas y economías ilegales.

Cada desmovilización en el pasado ha dejado vacíos que rápidamente fueron ocupados por nuevas estructuras armadas.

Ese antecedente explica por qué el debate ya no gira únicamente alrededor del desarme, sino sobre quién garantiza el control territorial después.

La propuesta de transformar combatientes en actores de cooperación comunitaria plantea un escenario complejo: equilibrar la necesidad de seguridad local con la obligación estatal de evitar que surjan nuevas formas de poder armado.

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El resultado dependería de un elemento que en los años noventa fue determinante: el control real del Estado.

Si esta vez logra imponerse o si la historia vuelve a repetirse bajo otro nombre.