El presidente exigió la instalación inmediata de la estación de carabineros más grande del Caribe dentro del área del Parque Tayrona para reforzar la seguridad y proteger el turismo. El mandatario reclamó que la orden fue dada hace tiempo y aún no se ejecuta, mientras el Gobierno mantiene diálogos con grupos armados que operan en la Sierra Nevada.

El presidente Gustavo Petro habló con evidente molestia. La orden ya estaba dada, pero nadie la había cumplido. Por eso decidió repetirla públicamente con un tono más fuerte: el Parque Tayrona debe tener la estación de carabineros más grande del Caribe oriental, y debe construirse de inmediato.

“No puede seguir esperando”, fue el mensaje implícito detrás de sus palabras.

“He ordenado que se ponga de inmediato la estación de carabineros más grande del Caribe oriental en el parque Tayrona, y todavía nada. Es una orden del comandante supremo de la fuerza pública”, reclamó el mandatario, dejando al descubierto retrasos dentro de la propia institucionalidad encargada de ejecutar la directriz.

La declaración no llega en un momento cualquiera. El Tayrona atraviesa una de sus mayores tensiones recientes: disputas administrativas, presencia de comunidades indígenas reclamando participación en la administración, incertidumbre turística y el fantasma permanente de grupos armados con influencia en la Sierra Nevada.

Mientras el Gobierno Nacional avanza en conversaciones con estructuras ilegales que operan en la región, Petro dejó claro que el diálogo no significa bajar la guardia en seguridad.

La apuesta ahora es doble: negociar, pero también blindar.

Un parque bajo presión

El Tayrona no solo es una reserva natural. Es uno de los principales motores económicos del Caribe colombiano. Cada cierre, cada tensión o cada rumor de inseguridad golpea directamente a miles de familias que viven del turismo.

Por eso, la orden presidencial apunta a reforzar la presencia de la fuerza pública con carabineros, una especialidad policial enfocada en control rural, protección ambiental y vigilancia en territorios de difícil acceso.

La intención del Gobierno es aumentar significativamente el número de uniformados en el parque y sus alrededores, creando un punto permanente de control que permita reaccionar rápidamente ante cualquier amenaza.

El mensaje político también es claro: el Estado quiere recuperar presencia visible en una zona donde históricamente la autoridad ha sido disputada.

Diálogo y control al mismo tiempo

Aunque el Ejecutivo mantiene abiertos canales de diálogo con el grupo armado que tiene influencia en la Sierra Nevada, la orden de fortalecer la seguridad busca evitar que el proceso sea interpretado como una retirada institucional.

El turismo, la conservación ambiental y la estabilidad económica del territorio están en juego.

Fuentes del Gobierno señalan que la estación no solo serviría como base operativa policial, sino como centro estratégico para proteger visitantes, comunidades y ecosistemas frente a economías ilegales y actores armados.