El presidente Gustavo Petro lanzó una acusación frontal contra dirigentes políticos de Cesar, Magdalena y La Guajira, señalando que estarían utilizando el suministro de agua potable para manipular votantes. El mandatario pidió a la Policía actuar de inmediato y advirtió que la inacción podría evidenciar complicidad con mafias políticas.

El presidente Gustavo Petro acusó a políticos del Caribe colombiano de convertir la sed de la gente en estrategia electoral y ordenó a la Policía capturar a quienes estén usando el agua potable para comprar votos.

Según el mandatario nacional, en municipios del Cesar, Magdalena y La Guajira existen prácticas sistemáticas en las que el acceso al agua —un derecho básico que miles de familias aún no tienen garantizado— estaría siendo utilizado como herramienta de presión política durante las campañas.

“Le solicito a la Policía de Aguachica detener a los autores materiales e intelectuales de este delito electoral que pasa bajo sus ojos”, afirmó Petro.

La declaración cayó como un señalamiento directo contra estructuras políticas locales que, según el presidente, aprovechan la necesidad extrema de comunidades sin agua permanente para asegurar respaldo en las urnas.

El agua convertida en poder

En amplias zonas del Caribe colombiano, el agua no llega por tubería sino por favores. Carrotanques, entregas selectivas y promesas condicionadas han reemplazado durante años a soluciones estructurales.

En ese escenario, cada tanque puede significar apoyo político y cada barrio sin servicio se convierte en territorio electoral.

Petro aseguró que esa realidad dejó de ser una sospecha para convertirse en un delito que debe judicializarse.

Ordenó al comandante de Policía de Aguachica y a las unidades con presencia en Cesar, Magdalena y La Guajira capturar tanto a quienes ejecutan estas prácticas como a quienes las financian o dirigen.

Una advertencia incómoda

El momento más fuerte del pronunciamiento llegó cuando el presidente cuestionó abiertamente a la fuerza pública.

“Si no responden en la práctica es porque la Policía de esas regiones está articulada a las mafias políticas y el crimen”, dijo.

La frase no solo elevó la presión institucional, sino que dejó en entredicho el papel de las autoridades en territorios históricamente golpeados por la escasez de agua y el control político local.

El fondo del conflicto

La acusación presidencial revive una herida abierta en la región Caribe: la falta de agua potable que durante décadas ha convertido una necesidad básica en instrumento de poder.

Miles de familias siguen dependiendo de soluciones temporales mientras proyectos estructurales avanzan lentamente o quedan atrapados entre disputas políticas.

Ahora, el Gobierno Nacional asegura que esa crisis también se convirtió en delito electoral.

El mensaje es claro: si alguien está repartiendo agua para ganar votos, podría terminar capturado.