El Tayrona negocia su futuro: indígenas kogui y Gobierno abren negociación en medio de tensión por el control del parque


Las mesas de diálogo entre el Gobierno Nacional y los indígenas kogui comenzaron en medio de tensiones por el control del Parque Tayrona. Aunque el cierre sigue vigente, visitantes continúan ingresando bajo administración indígena. Autoridades esperan que en máximo 15 días la situación vuelva a la normalidad.

El Parque Tayrona está cerrado por resolución oficial, pero abierto por la realidad del territorio.

Mientras el Gobierno Nacional instaló las primeras mesas de diálogo para recuperar el control administrativo legal de la reserva natural, turistas continúan entrando diariamente a sus playas bajo la supervisión de comunidades kogui, quienes hoy manejan el acceso y el funcionamiento práctico del parque.

Así comenzó una negociación compleja: con el parque suspendido entre dos autoridades y una crisis que ya dejó de ser turística para convertirse en política y territorial.

El diálogo arrancó con tensión

Las conversaciones iniciaron este viernes y continuarán el 23 de febrero de 2026, cuando se instalará formalmente una mesa de articulación interinstitucional liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, junto a autoridades ambientales, Fuerza Pública y representantes del sector turístico.

El objetivo es claro: establecer las condiciones que permitan recuperar el manejo administrativo, ambiental y financiero del parque y definir una ruta segura hacia su reapertura formal.

Pero el primer día dejó claro que no será sencillo. El ambiente fue denso. Las posiciones, firmes.

Los líderes kogui llegaron convencidos de que el control actual responde a un derecho ancestral y dejaron sobre la mesa su principal exigencia: la coadministración del Parque Tayrona.

No plantean retirarse sin garantías.

No hablan de participación simbólica, sino de decisiones compartidas.

Cada petición quedó consignada en documentos oficiales que ahora serán analizados por el Gobierno para determinar hasta dónde pueden llegar los acuerdos sin perder la institucionalidad del área protegida.

Un parque cerrado… que sigue funcionando

Mientras las instituciones deliberan, el Tayrona continúa recibiendo visitantes.

Turistas nacionales y extranjeros ingresan pagando directamente a las comunidades indígenas, quienes mantienen el control operativo del lugar durante el cierre decretado mediante la Resolución 091 del 17 de febrero de 2026, emitida por Parques Nacionales por razones de orden público.

No hay taquillas estatales abiertas.

No hay operación turística oficial.

Pero las playas no están vacías.

La contradicción es evidente y se convirtió en uno de los puntos más sensibles del diálogo.

Quince días para evitar una crisis mayor
Desde el Gobierno Nacional se planteó un horizonte de solución: las autoridades esperan que en un plazo máximo de 15 días se logren acuerdos que permitan restablecer la normalidad administrativa y turística del parque.

El tiempo corre contra todos.

Cada día de incertidumbre golpea a hoteleros, lancheros, guías turísticos y comerciantes que dependen del Tayrona como motor económico del Magdalena.

Mientras algunos sectores permanecen paralizados por el cierre oficial, otros observan cómo la actividad dentro del parque continúa bajo nuevas reglas.

Más que turismo, una disputa por el control

Lo que está en juego ya no es solo la reapertura de un destino turístico.
Es la definición de quién administra uno de los territorios naturales más emblemáticos de Colombia.

El Estado busca restablecer la legalidad institucional.

Los pueblos indígenas reclaman reconocimiento histórico y participación directa.

El sector turístico exige estabilidad económica.

Tres intereses que hoy coinciden en una misma mesa, pero aún sin un punto común.

Por ahora, el Tayrona permanece en un limbo difícil de explicar: cerrado en los decretos, activo en el territorio, y negociado en mesas.

Las decisiones que se tomen en los próximos días definirán no solo la reapertura del parque, sino el modelo de gobernanza que tendrá uno de los santuarios naturales más importantes del país.

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Quince días. Ese es el plazo que se impuso el Gobierno para intentar devolver la normalidad.


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