Autoridades advierten riesgos para turistas y funcionarios tras intentos de toma de accesos y amenazas en medio de la disputa entre comunidades, indígenas y Parques Nacionales Naturales.

El Parque Nacional Natural Tayrona enfrenta una de las crisis más delicadas de los últimos años. Las tensiones entre líderes comunitarios del sector El Zaino, representantes indígenas y Parques Nacionales Naturales han escalado a un punto que ya pone en riesgo la seguridad de funcionarios, trabajadores y visitantes, llevando a las autoridades a evaluar incluso el cierre total del área protegida.

La situación fue confirmada por el procurador delegado para asuntos ambientales y agrarios, Ramón Laborde, quien advirtió que el conflicto dejó de ser únicamente social o administrativo y pasó a convertirse en un problema de seguridad.

Según explicó el funcionario, recientemente se registraron presiones contra guardaparques en los accesos principales del Tayrona, donde algunos líderes comunitarios e indígenas habrían intentado asumir el control de la taquilla de ingreso al parque.

“No existe ninguna justificación para impedir las funciones de los funcionarios públicos ni para suplantar la autoridad del parque. Esto es extremadamente grave”, señaló Laborde.

Intento de control y riesgos para visitantes

El episodio ocurrió mientras el parque mantenía restringido el ingreso por Cañaveral debido a inundaciones y daños en los senderos ocasionados por el reciente frente frío, condiciones que representan riesgos para los turistas.

Sin embargo, videos difundidos en redes sociales evidenciaron el ingreso de visitantes caminando por rutas inundadas luego de que, presuntamente, personas vinculadas a la Junta de Acción Comunal del Zaino permitieran el acceso sin autorización oficial.

De acuerdo con la Procuraduría, quienes promovían estas acciones aseguraban actuar bajo órdenes de “gente de arriba”, expresión utilizada para intimidar a funcionarios.

El procurador advirtió que la situación obliga a estudiar medidas excepcionales, entre ellas el cierre preventivo de los accesos principales como El Zaino, Calabazo y Neguanje.

El origen del conflicto

Las tensiones aumentaron tras la demolición de una infraestructura turística construida dentro del parque y promovida por comunidades locales como parte de un proyecto de economía comunitaria.

Paulo Sánchez, presidente de la Junta de Acción Comunal del Zaino, sostiene que la obra contaba con permisos solicitados ante el Ministerio de Ambiente y representaba una inversión millonaria destinada a beneficiar a los habitantes del sector mediante turismo comunitario.

Las comunidades aseguran que Parques Nacionales administra el Tayrona sin generar beneficios directos para quienes viven alrededor del área protegida y reclaman mayor participación en su manejo.

Representantes del pueblo Kogui, entre ellos el mamo José Martín Zalavata, calificaron la demolición como un atropello y exigieron autonomía en la administración del territorio, afirmando que continuarán en resistencia hasta obtener respuestas del Gobierno Nacional.

Investigación por posible presión de grupos armados

Uno de los puntos que más preocupa a las autoridades es la posible influencia de grupos armados ilegales detrás del conflicto.

Según el procurador Laborde, existen indicios de que las amenazas contra funcionarios estarían respaldadas por estructuras ilegales interesadas en proyectos turísticos dentro del parque.

“Cuando se observan inversiones de cientos de millones de pesos dentro de una zona restringida, se hace necesario investigar quién tiene la capacidad financiera y el respaldo para ejecutarlas”, afirmó.

Las autoridades investigan cómo camiones con materiales de construcción ingresaron al área protegida y avanzaron hasta etapas avanzadas de obra pese a las restricciones ambientales y vigilancia del parque.

Un parque que mueve millones sin dejar nada en el territorio

El Tayrona no solo es un santuario natural, sino uno de los motores turísticos más importantes del país. En 2025 recibió más de 818.000 visitantes y genera ingresos estimados entre $350 y $400 millones diarios solo en boletería.

Aunque estos recursos financian el sistema nacional ambiental, comunidades locales cuestionan que la riqueza turística no se refleje en inversiones visibles en infraestructura, servicios públicos y desarrollo social en la región.

Mientras continúan las reuniones entre autoridades ambientales, organismos de control y fuerza pública, Parques Nacionales evalúa emitir una resolución que podría ordenar el cierre preventivo del Tayrona hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad.

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Por ahora, el parque permanece en un punto crítico: atrapado entre la conservación ambiental, los reclamos comunitarios y una disputa territorial que amenaza con detener temporalmente uno de los destinos naturales más emblemáticos de Colombia.