CORPAMAG confirmó la suspensión inmediata de la operación del ferry en el municipio ante la ausencia de permisos ambientales y el riesgo probado de socavación en el río Magdalena. Líderes venían advirtiendo que cada maniobra agravaba la erosión.

El ferry en el municipio de Salamina, aunque necesario para la movilidad y la economía local, operaba sin permisos ambientales y en una zona técnicamente declarada vulnerable. La decisión de suspenderlo no fue política ni improvisada: fue una medida para evitar una tragedia mayor.

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamag, ratificó la suspensión inmediata de las actividades de ocupación de cauce relacionadas con la operación del ferry, tras determinar que las empresas responsables no contaban con los permisos exigidos por la normativa ambiental y que la actividad estaba acelerando procesos de socavación en un punto crítico del río Magdalena.

El riesgo estaba documentado. Conceptos técnicos de alto nivel, estudios de ingeniería y advertencias institucionales coincidían en lo mismo: el sector donde opera el muelle no es apto para ese tipo de maniobras. Cada movimiento del ferry generaba presión hidráulica adicional sobre una orilla ya debilitada por la erosión fluvial.

Líderes celebran la medida

Líderes sociales y comunitarios llevaban meses alertando. No era una discusión reciente. “Cada vez que el ferry maniobraba, el golpe del agua contra la orilla se sentía más fuerte”, advertían. La preocupación no era abstracta: el temor era que la socavación avanzara hasta comprometer obras de protección, viviendas o infraestructura pública.

INVIAS había advertido desde 2024 sobre el riesgo aguas abajo de las obras de estabilización. La Procuraduría también pidió la suspensión en el punto actual del muelle. A pesar de ello, la operación continuó.

Corpamag fue enfática: la zona presenta alta vulnerabilidad a procesos de socavación. La continuidad de la operación no solo desconocía observaciones técnicas, sino que podía desencadenar una emergencia en el corto o mediano plazo.

Además del riesgo físico, la autoridad ambiental señaló otra falla grave: la ausencia de un Plan de Contingencia para el transporte de pasajeros y mercancías peligrosas. En un escenario de volcamiento de vehículos o accidente, el impacto sobre el cauce y la calidad del agua sería inmediato.

El servicio era necesario. Eso nadie lo discute. Pero la necesidad no suple la legalidad ni elimina el riesgo. La suspensión impacta la navegabilidad y afecta dinámicas comerciales, pero mantener la operación en esas condiciones significaba apostar a que la erosión no avanzara más rápido de lo previsto.

Hoy el mensaje es claro: la prevención primó sobre la presión económica. La restricción se mantendrá hasta que existan permisos ambientales en regla, garantías técnicas y protocolos de seguridad que reduzcan el peligro.

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Salamina queda ahora ante un reto complejo: encontrar una solución que garantice conectividad sin poner en juego la estabilidad del río ni la seguridad de su gente.