La suspensión temporal ordenada por el Consejo de Estado fue respaldada por el gremio comercial, que alerta sobre despidos progresivos y el posible golpe a las pequeñas y medianas empresas si el incremento entra en vigor sin ajustes.

El aumento del salario mínimo del 23 % quedó en pausa y el sector empresarial dice que respiró. Mientras el Gobierno insiste en que la medida busca justicia social, los comerciantes del país advierten que el incremento podría terminar produciendo el efecto contrario: menos empleo y más presión sobre empresas que ya operan al límite.

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, respaldó con firmeza la decisión del Consejo de Estado de suspender temporalmente el decreto, calificándola como una oportunidad necesaria para revisar el impacto real que tendría el aumento sobre la economía productiva del país, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.

La advertencia fue directa: lo que hoy parece un alivio salarial podría convertirse mañana en una crisis laboral.

Un respiro para las pymes

Para el gremio que representa a miles de comerciantes en Colombia, el freno judicial evita una carga inmediata que muchas empresas no estaban en capacidad de asumir.

“Pan de hoy y hambre para mañana”, afirmó Cabal al referirse al incremento propuesto, señalando que un alza de esa magnitud podría traducirse en decisiones silenciosas dentro del mercado laboral: menos contrataciones, reducción de personal o informalidad creciente.

Según Fenalco, las pymes —que constituyen la base del empleo formal en el país— serían las más golpeadas. Muchas enfrentan actualmente altos costos operativos, cargas tributarias elevadas y una desaceleración económica que ya limita su capacidad de expansión.

El temor del gremio no es teórico. Advierten que cuando los costos laborales aumentan abruptamente, las empresas ajustan donde pueden: congelan vacantes, reducen jornadas o simplemente dejan de contratar.

El choque entre justicia social y sostenibilidad empresarial

Desde el Gobierno nacional, la suspensión fue interpretada como una medida provisional que no elimina el aumento, sino que permite revisar las demandas mientras el Consejo de Estado toma una decisión de fondo.

Sin embargo, el pronunciamiento empresarial revela una tensión más profunda: el debate sobre el salario mínimo dejó de ser únicamente social y se convirtió en un pulso económico y político.

Para Fenalco, el desafío está en encontrar un equilibrio entre mejorar el ingreso de los trabajadores y garantizar que las empresas puedan sostener el empleo formal.

El gremio sostiene que el aumento debe analizarse dentro del contexto económico general, incluyendo inflación, tasas de interés y capacidad real de pago del sector productivo.

Un debate que apenas comienza

La suspensión del decreto no cerró la discusión; apenas la intensificó. Mientras sindicatos y sectores sociales defienden el incremento como una necesidad urgente frente al costo de vida, los empresarios insisten en que decisiones de alto impacto deben evaluarse con mayor gradualidad.

El caso ahora queda en manos del Consejo de Estado, cuya decisión final definirá no solo el futuro del salario mínimo, sino el rumbo de uno de los debates económicos más sensibles del país.

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Entre tanto, el mensaje del comercio organizado es claro: aumentar salarios sin medir las consecuencias podría terminar debilitando justamente a quienes generan empleo.