El operativo interinstitucional dejó al descubierto una infraestructura turística casi lista para operar dentro del Parque Nacional Natural Tayrona. La Procuraduría confirmó que no existía propiedad privada ni indígena en los predios intervenidos y advirtió que detrás habría una organización con alto poder económico que desafió abiertamente al Estado.

No se trataba de una simple e improvisada estructura. Era un complejo turístico completo, con techo de palma, batería sanitaria, locales comerciales, área de hamacas, mesas, sillas, duchas y puntos de venta para atender visitantes. Estaba prácticamente listo para abrir al público en el corazón del Tayrona.

La inversión, según la Procuraduría, podría superar los 500 millones de pesos. Y todo se levantó sin permisos, en predios que son propiedad exclusiva de la Nación.

El hallazgo se produjo el 9 de febrero durante un operativo liderado por el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (CONALDEF), con participación de Parques Nacionales, Fiscalía, Procuraduría y fuerza pública. La orden fue la de restituir el área ocupada ilegalmente antes de que el complejo comenzara a funcionar.

“En esas dos áreas intervenidas no existía propiedad privada ni comunitaria, sino únicamente propiedad del Estado”, afirmó el procurador judicial ambiental y agrario con jurisdicción nacional, Ramón Laborde.

“Toda la actuación estuvo respaldada en actos administrativos y en la ley”.

Una inversión que no encaja

Las autoridades desmontaron parte de la infraestructura en el sector donde antes funcionaba un museo en la entrada por Cañaveral. En otro punto, donde montaban una zona de hamacas y servicios de camping, desestructuraron el soporte del techo y decomisaron hojas de palma, motobombas, plantas eléctricas y herramientas.

Otro de los detalles alarmantes fue el sistema sanitario: los residuos iban directamente a una quebrada del sector generando contaminación.

Para el Ministerio Público, no se trató de una ocupación menor. Fue una operación con planeación, logística y músculo financiero.

“Debe ser una organización con muchísimos recursos económicos”, sostuvo Laborde. “Eso no lo puede hacer alguien sin capacidad económica importante”.

La sombra del poderoso

Durante la diligencia se presentaron algunos miembros del pueblo kogui reclamando la intervención. Sin embargo, según la Procuraduría, no presentaron títulos colectivos ni documentos que acreditaran propiedad o tenencia sobre el área.

“En ese sector no existe ningún reconocimiento de territorio indígena”, precisó el procurador.

“Y evidentemente no están en la capacidad económica de sufragar una inversión de esa magnitud”.

La hipótesis que hoy investigan las autoridades apunta a una persona o grupo con poder adquisitivo significativo que habría retado abiertamente la institucionalidad, construyendo en la entrada principal del parque, a plena vista, en una zona donde cualquier infraestructura está estrictamente restringida.

Incluso, funcionarios que participaron en el operativo fueron trasladados desde el interior del país debido a los riesgos y amenazas que implica intervenir intereses de este calibre en el plano local.

Investigación penal y posible cárcel

La diligencia no solo implicó demolición. Parques Nacionales informó que se realizó el levantamiento de elementos materiales probatorios para las investigaciones penales en curso por uso y ocupación indebida de áreas de especial importancia ecológica y otros delitos conexos.

Las resoluciones 20256720000025 del 11 de diciembre de 2025 y 20266720000095 del 6 de febrero de 2026 respaldaron las medidas preventivas adoptadas.

“Quien aparezca involucrado enfrenta pena privativa de la libertad”, advirtió Laborde. La Fiscalía General de la Nación ya abrió noticia criminal para establecer quién está detrás de la ocupación irregular.

El pulso que continúa

Mientras la investigación avanza, líderes indígenas han anunciado que no permitirán la reapertura del parque el 16 de febrero, tras el cierre tradicional del 1 al 15, alegando atropellos durante el procedimiento.

Las autoridades insisten en que la actuación fue legal y respetuosa, y que el Tayrona no puede convertirse en escenario de explotación privada disfrazada de proyecto comunitario.

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El parque, una de las reservas más emblemáticas del Caribe colombiano, quedó en medio de una tensión mayor: conservación versus intereses millonarios. Los indígenas aparecen en el centro del debate y aseguran haber sido atropellados y exigen además de unas disculpas que se castigue a los responsables.