El aumento del 23,7 por ciento del salario mínimo para 2026 quedó en el aire. Lo que empezó como un anuncio de alivio para millones de trabajadores afronta ahora una suspensión judicial que sacude al país. El Consejo de Estado dejó sin efectos provisionales el decreto que fijaba el incremento y le dio al Gobierno un plazo máximo de ocho días para expedir una nueva norma transitoria con criterios legales y técnicos.

La decisión impacta de frente a trabajadores, empleadores y al propio Ejecutivo. El decreto comenzó a regir en enero y, antes de cumplir dos meses, quedó congelado. El salario mínimo que había sido fijado en $1.750.905 sin subsidio de transporte —y en $2 millones con auxilio incluido— ahora depende de una nueva cifra que deberá definirse en tiempo récord.

Un aumento que duró semanas

El 29 de diciembre, tras el fracaso en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el presidente Gustavo Petro anunció el aumento por decreto. El incremento del 23,7 % fue presentado como una respuesta a la realidad económica de los hogares, pero de inmediato desató críticas desde gremios empresariales y sectores económicos que advirtieron efectos sobre empleo, inflación y sostenibilidad empresarial.

El Consejo de Estado resolvió “decretar la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del decreto 1469”, firmado por el presidente y los ministros del Trabajo y Hacienda. La suspensión no es retroactiva ni inmediata, pero deja el incremento en un limbo jurídico.

El tribunal ordenó así mismo que, en un plazo de ocho días, el Ejecutivo expida un nuevo decreto que establezca un porcentaje transitorio mientras se define de fondo la legalidad del aumento. Es una cuenta regresiva que pesa sobre el Gobierno.

Las reglas que impone el tribunal

La nueva cifra no podrá salir de una decisión política simple. El alto tribunal fue claro en los parámetros que deben analizarse: el IPC a noviembre de 2025 del 5,3 %, la meta de inflación del 3 % para 2026, la productividad, la contribución de los salarios al ingreso nacional y el PIB.

No existe una fórmula matemática obligatoria, pero sí la exigencia de una ponderación técnica y motivada. Cada punto porcentual deberá estar sustentado con argumentos económicos y jurídicos. El margen de maniobra sigue existiendo, pero ahora bajo lupa judicial.

Gobierno responde: “Es una decisión política”

La reacción del Ejecutivo fue inmediata. El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la determinación como una “decisión política de las élites que tienen influencia en las altas cortes y el Congreso”.

Benedetti advirtió que el fallo tendrá consecuencias en el escenario electoral y planteó el debate en términos sociales: “La gente va a tener que decidir quién está a favor de los menos favorecidos, quién está a favor del salario mínimo vital o quién está a favor de los dirigentes”.

En defensa del incremento suspendido, sostuvo que la canasta familiar para cuatro personas ronda los 3,4 millones de pesos y que el ajuste buscaba acercar el ingreso mínimo a esa realidad.

¿Qué pasa con lo ya pagado?

La pregunta inmediata es qué ocurre con los salarios cancelados en enero y en la primera quincena de febrero. Según lo establecido, esos pagos no se invalidan. No hay efecto retroactivo automático. Lo que ya se giró, se mantiene.

Lo que está en juego es la cifra que regirá en adelante. El nuevo decreto será igualmente provisional y estará vigente hasta que el Consejo de Estado emita sentencia definitiva. Es decir, el salario mínimo queda sujeto a una decisión judicial de fondo.

Un antecedente y un escenario más tenso

En 2017, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se registró un antecedente similar. Pero el contexto actual es distinto: el porcentaje decretado es más alto y la suspensión fue rápida. El choque entre Gobierno y altas cortes se da además en medio de un ambiente político polarizado.

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Hoy el país está en pausa. Trabajadores hacen cuentas. Empresarios revisan presupuestos. El Gobierno redacta un nuevo decreto bajo presión.

Ocho días para definir cuánto valdrá el salario mínimo de 2026. Ocho días para decidir una cifra que no es solo un número en un documento oficial, sino el ingreso mensual de millones de colombianos.