La Personería de Santa Marta advirtió que el colapso del puente hacia Guachaca no solo partió en dos la economía y la movilidad rural, sino que ahora pone en jaque las elecciones al Congreso. Sin vías, sin transporte seguro y sin un plan claro del Estado, no habría derecho al voto para miles de ciudadanos.

La democracia en la zona rural de Santa Marta depende hoy de un puente caído. Si no hay una alternativa de conectividad en la zona de Mendihuaca, más de 5.000 personas podrían quedar condenadas a un abstencionismo forzado, no por apatía, sino por abandono estatal.

Esa es la alerta que lanzó la Personería Distrital: el desastre vial que incomunicó a Guachaca y pueblos aledaños amenaza con convertir las próximas elecciones en una jornada sin votantes.

A pocas semanas de la jornada electoral, no existe —según el ente de control— una solución inmediata que garantice que los ciudadanos puedan llegar a las urnas, que los jurados arriben a los puestos y que el material electoral entre y salga con seguridad. Lo que hay es incertidumbre, rutas improvisadas y un río que sigue siendo una amenaza.

La Alerta Electoral Preventiva No. 001-2026, emitida por la Personería, describe un escenario crítico: el cierre de la vía oficializado mediante la Resolución 0250 de febrero de 2026 no es solo un problema de infraestructura, es un inconveniente contra los derechos civiles y políticos de la población rural. Sin conectividad, no hay elección posible.

“Estamos ante un escenario que puede traducirse en abstencionismo forzado. Hay comunidades que, sin una solución pronta, no tendrían cómo llegar a las urnas”, advirtió el personero Edwar Orozco Oñate.

Los riesgos están contados uno por uno. Primero, el aislamiento logístico: no hay rutas claras para transportar kits electorales, jurados ni testigos hacia los puestos rurales. Segundo, la vulneración directa del sufragio: miles de ciudadanos podrían quedar excluidos de facto del proceso democrático. Y tercero, el peligro en la cadena de custodia: si el material no puede regresar a tiempo, el escrutinio mismo queda en entredicho.

La Personería puso nombres propios a los responsables y les exigió tomar medidas urgentes. Ministerio del Interior, Registraduría, Consejo Nacional Electoral, Invías y Alcaldía Distrital fueron exhortados a diseñar un plan de contingencia real, que plantee: rutas alternas verificables, transporte aéreo o fluvial, activación de la Subcomisión de Seguimiento Electoral con acompañamiento de la Fuerza Pública y, sobre todo, la instalación urgente de un puente provisional o militar.

También reclamó una caracterización técnica de la población afectada para que nadie quede “borrado” del censo por culpa del río. Porque de eso se trata el problema: de gente que existe, pero que el Estado trata como si no.

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La advertencia ya fue puesta en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación. Y el mensaje es claro: si la institucionalidad sigue mirando para otro lado, vendrán acciones constitucionales. No es un favor el que se pide; es un derecho fundamental, señala la Personería.