La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, acusó a sectores políticos de aprovechar la tragedia del frente frío para hacer proselitismo con ayudas humanitarias. Según la mandataria, hay entregas de alimentos y enseres condicionadas a respaldos electorales.

Mientras cientos de familias en Santa Marta siguen limpiando sus casas y tratando de empezar de cero, otros reparten mercados con lista en mano y promesas debajo de la bolsa.

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, se pronunció y lanzó una acusación directa: en la ciudad están haciendo campaña con la tragedia que dejó el frente frío. “Con el dolor de la gente no se hace política”, dijo, al advertir que la entrega de ayudas se estaría usando como moneda de cambio electoral.

En la ciudad barrios enteros quedaron bajo el agua, miles de personas lo perdieron todo y la necesidad se volvió urgente. En ese escenario aparecieron camionetas con mercados, kits de aseo y colchonetas, pero también con logos, camisetas y discursos.

Para la Gobernación, la línea roja se cruzó cuando comenzaron a llegar denuncias de comunidades a las que, según los reportes, les pedían apoyo político para recibir la ayuda. No era un favor del Estado: era un negocio con la miseria.

“Resulta inaceptable que campañas instrumentalicen la vulnerabilidad de la gente para obtener réditos electorales”, advirtió el gobierno departamental.

La tragedia del frente frío dejó un mapa de dolor: casas destruidas, muebles inservibles, niños durmiendo en cambuches y familias completas dependiendo de una bolsa de arroz. Ese mismo mapa, dice la Gobernadora, se convirtió en tablero de campaña.

El mensaje oficial fue directo: la atención a los damnificados es una obligación del Estado, no una estrategia para sumar votos. Pero en los barrios el rumor es otro. Líderes comunales hablan en voz baja de listados, de fotos obligadas, de compromisos insinuados.

La disputa política se metió en los albergues y en las esquinas donde se reparten ayudas. Y la emergencia, que debía unir, terminó convertida en botín.

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Guerra pidió a los organismos de control investigar estas prácticas y llamó a las comunidades a denunciar cualquier condicionamiento. Sabe que el problema no es solo ético: también es legal.

Mientras tanto, en Santa Marta la gente sigue haciendo fila. Unos esperan comida; otros, un voto.