El Presidente insiste en que la suspensión de la emergencia económica deja sin oxígeno a una región devastada por las lluvias. Advierte recortes millonarios al presupuesto nacional y un efecto dominó de hambre en otros territorios, mientras la Corte y la oposición lo acusan de presionar la independencia judicial.

Gustavo Petro volvió a pararse frente a la Corte Constitucional con un mensaje directo: si no se levanta la suspensión de la emergencia económica, el Gobierno tendrá que recortar 16 billones de pesos del presupuesto nacional. Traducido al lenguaje crudo de la calle, eso significa quitarle a unos pobres para intentar salvar a otros.

El mandatario no habló con tecnicismos. Lo hizo como quien siente que el tiempo se le acaba. Desde su cuenta de X se dirigió al magistrado Carlos Camargo recordándole que ambos nacieron en la tierra sinuana, una apelación a la sangre y al barro común más que a los códigos jurídicos. Petro no pidió una cita: lanzó un grito público para que la decisión llegue antes de que el agua termine de arrasar lo que queda.

“Esta emergencia costará billones para restablecer el nivel de vida del pueblo sinuano. Ya no habla la política, habla la naturaleza y la codicia”, escribió.

Detrás de la frase hay un escenario brutal: 14 muertos, 9.000 viviendas destruidas y cerca de 50.000 familias que lo perdieron todo. No son cifras, son casas partidas, cultivos podridos, niños durmiendo en colchonetas húmedas.

El Gobierno insiste en que sin esa herramienta jurídica no hay forma de mover recursos con la velocidad que exige el desastre. Si la Corte mantiene la suspensión, los 16 billones tendrían que salir de otros programas. Petro lo dijo sin rodeos: atender a Córdoba podría significar “hambre en otra región”. Un país remendando un hueco mientras abre otro.

La oposición no le cree. La senadora María Fernanda Cabal le respondió con dureza: que la Corte no está para recibir súplicas, que el Ejecutivo debe respetar la autonomía judicial. Recordó que en enero el Gobierno adjudicó más de 6 billones en contratos OPS.

La Ungrd registra más de 100 emergencias en 84 municipios de 14 departamentos, 43.900 familias afectadas y 35.000 hectáreas de cultivos bajo el agua. En Córdoba, los ríos se comieron las calles y las carreteras; hay comunidades que solo se mueven en canoa, enfermos que no pueden salir y ancianos que miran el techo como único refugio.

En Sucre el golpe también duele: vías terciarias anegadas, cosechas perdidas y pueblos aislados. El Ideam anunció un nuevo frente frío hasta el 9 de febrero y el miedo volvió a encenderse. Las ayudas llegan en aviones de la Fuerza Aeroespacial y camiones de la Policía: 30 toneladas repartidas a cuentagotas frente a una necesidad infinita.

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Mientras tanto, en Bogotá el reloj corre. Petro repite que la ciencia ya no permite llamar “imprevisible” al cambio climático y que la Corte debe entenderlo. Los magistrados responden con silencio jurídico. En el medio quedan los que no tienen voz: familias que duermen sobre techos, madres que lavan ropa entre el lodo, campesinos que miran la tierra convertida en una sola laguna.