Fue hallado asesinado a balazos en una zona rural del sur del Magdalena. Junto a su cuerpo apareció un letrero que lo señalaba como “informante de la ley”, hecho que sugiere una represalia de actores armados por presuntas denuncias entregadas a las autoridades

El crimen, ocurrido tras ser citado con engaños, reaviva el temor entre dirigentes comunitarios de San Sebastián de Buenavista y San Zenón, donde en los últimos días se habían denunciado amenazas.

A Diomedes lo sacaron de su casa con una mentira y lo devolvieron sin vida.

En un paraje conocido como San Puma, en la zona rural de San Sebastián de Buenavista, el cuerpo del líder social apareció tendido, atravesado por balas y acompañado de un papel que parecía dictado por el odio:

“por informante de la ley”.

El mensaje no solo quiso explicar la muerte; quiso sembrar miedo.

Mejía Navarro era un hombre de tierra y de reuniones. Participaba en procesos de formalización y acceso a predios, caminaba veredas, hablaba de derechos con la misma voz con la que saludaba a los vecinos. En Santa Rosa, su corregimiento, lo conocían por el trabajo comunitario y por el vínculo con una familia de maestros; uno de ellos, el rector Faber Mejía, hoy carga un duelo que desborda las paredes de la escuela.

La tarde en que lo citaron, nadie imaginó el final.

Le dijeron que era un asunto urgente.

Salió como salen los que confían.

Lo que vino después fue una emboscada y un disparo que no solo lo mató a él, sino a la calma frágil del sur del Magdalena.

Un territorio bajo sombra

El crimen no cayó en un terreno neutro. Días antes, la Mesa Técnica Municipal de Fuerza Ciudadana había denunciado amenazas contra el gerente del Hospital Local de San Zenón, Javier José Gómez Rangel. Llamadas intimidatorias, mensajes de amedrentamiento, nombres que empezaban a circular como advertencias. Se pidió la intervención de la Fiscalía, de la Policía, de la Unidad Nacional de Protección. La respuesta llegó tarde para Diomedes.

En San Zenón y San Sebastián de Buenavista la gente habla en voz baja. Saben que el asesinato tiene el eco de otros nombres: el del exconcejal Milton Rocha, ultimado años atrás por un grupo armado ilegal mientras impulsaba la restitución de tierras; el de campesinos que no salieron en titulares; el de líderes que aprendieron a mirar por encima del hombro.

La investigación y el miedo

Desde el Cuarto Distrito de Policía, con sede en El Banco, se anunció un trabajo conjunto con la Fiscalía. Recogen testimonios, buscan rastros, intentan descifrar quién escribió aquel letrero y quién apretó el gatillo. Hasta ahora no hay capturas.

Pero en las veredas la verdad camina más rápido que los expedientes. La gente se pregunta qué sabía Diomedes, a quién incomodó, qué puertas tocó. El papel dejado sobre su cuerpo convirtió el rumor en sentencia y la sentencia en amenaza colectiva.

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Organizaciones sociales, vecinos y dirigentes políticos reclaman algo más que comunicados. Piden garantías reales, esquemas de protección, presencia del Estado que no llegue solo a contar muertos. Saben que cada asesinato no es un hecho aislado, sino un mensaje dirigido a quienes se atreven a hablar.