La mujer asegura que una defensora de familia del ICBF otorgó la custodia del niño al padre mediante un trámite administrativo que no respetó el debido proceso, ignoró denuncias previas de presunta violencia y limitó el contacto del menor con ella a videollamadas.

A una madre le arrancaron a su hijo de dos años con una resolución administrativa del ICBF, firmada por una defensora de familia —no por un juez— en un proceso que, según la denunciante, ignoró alertas de violencia, violó el debido proceso y terminó entregando al niño al padre sin garantías reales.

Lo que debía ser una medida temporal se convirtió en una separación indefinida. La mujer denunció que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través de una defensora de familia, resolvió la custodia de su hijo sin cumplir los protocolos legales y sin valorar integralmente el contexto de violencia que ella había advertido.

En un testimonio difundido por redes sociales, la madre explicó que la decisión no provino de un juez, sino de un trámite administrativo dentro del ICBF, el cual —asegura— se adelantó con irregularidades, sin práctica adecuada de pruebas y sin darle un espacio real para defender sus derechos y los del menor.

Según su versión, el conflicto se agudizó en noviembre de 2025, cuando aceptó entregar al niño de manera provisional confiando en que el padre autorizaría un viaje al exterior para visitar a familiares. El acuerdo se rompió, el menor no regresó y el contacto quedó limitado a comunicaciones virtuales.

Al llegar a Santa Marta para ver a su hijo, se encontró con negativas reiteradas. Recorrió oficinas del ICBF, presentó antecedentes y solicitudes de protección, pero solo le permitieron observarlo por videollamada. Para ella, la entidad actuó como si el caso fuera un simple trámite y no la vida de un niño de dos años.

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La mujer sostiene que la defensora de familia tomó una decisión de fondo sin agotar el debido proceso, sin contrastar las denuncias por presuntas conductas intimidantes del padre y sin priorizar el interés superior del menor.

Por esa razón interpuso una acción de tutela para que el procedimiento sea revisado y se restablezcan las garantías para reencontrarse con su hijo.