El despacho advirtió una posible vulneración a la libertad religiosa, la dignidad humana y al principio de neutralidad religiosa del Estado, y ordenó al mandatario abstenerse de pronunciamientos teológicos cuando actúe en representación oficial.

Un juez decidió ponerle límites al discurso presidencial. La justicia dio trámite a la acción de tutela presentada por el senador Wilson Ruiz Orejuela contra el presidente Gustavo Petro, al considerar que sus palabras sobre Jesucristo, pronunciadas en un acto oficial, no pueden leerse como una opinión privada sino como una intervención con peso institucional.

La controversia estalló el martes 27 de enero, durante un evento público realizado en el Hospital San Juan de Dios. Allí, el jefe de Estado hizo una interpretación personal sobre la vida de Jesucristo que rápidamente generó reacciones y críticas, especialmente desde sectores religiosos que cuestionaron el alcance y el escenario de sus afirmaciones.

Para el juzgado que estudia el caso, el contexto es determinante. Las expresiones del mandatario fueron emitidas en ejercicio de sus funciones y en un acto institucional, lo que impide desligarlas de su investidura como presidente de la República. Bajo esa óptica, el despacho advirtió una posible afectación a derechos fundamentales como la libertad religiosa y de conciencia, así como a la dignidad humana y al carácter laico del Estado colombiano.

La decisión inicial fue clara: los funcionarios públicos, y en especial el presidente, deben mantener neutralidad frente a las creencias religiosas cuando representan al Estado. En consecuencia, el juez dispuso que Petro se abstenga de realizar pronunciamientos de tipo teológico o doctrinal en escenarios oficiales.

La tutela va más allá del llamado de atención. Como medida de reparación simbólica, plantea la realización de un acto público en el que el mandatario aclare que sus afirmaciones no reflejan una posición oficial del Estado y reafirme el respeto institucional por la diversidad de creencias en Colombia.

Con la admisión del recurso, el proceso judicial continúa. El país queda a la expectativa de nuevas determinaciones en un caso que no solo interpela al presidente, sino que reabre un debate sensible: hasta dónde llega la libertad de expresión de un mandatario y dónde empieza la obligación constitucional de un Estado que se define, por ley, como laico.