El Gobierno Nacional anunció el bloqueo de la señal de telefonía celular en varias cárceles del país para frenar extorsiones, estafas y órdenes criminales que, durante años, se han coordinado desde los patios penitenciarios. La medida arrancará en Cómbita, Valledupar y La Dorada, tres centros clave del sistema carcelario.

Durante años, la extorsión en Colombia no se planea solo en escondites clandestinos, sino también desde el interior de las cárceles. Desde allí, reclusos armados con teléfonos celulares —ilegales, pero comunes— intimidan comerciantes, ordenan asesinatos, coordinan cobros y mantuvieron vivas estructuras criminales que nunca dejaron de operar.
Ese ruido constante de llamadas, amenazas y órdenes podría estar cerca de apagarse.

El Gobierno Nacional anunció el inicio de una medida que promete ser definitiva: el bloqueo total de la señal de telefonía celular en varios establecimientos penitenciarios del país. La estrategia comenzará esta misma semana en las cárceles de Cómbita, Valledupar y La Dorada, consideradas puntos neurálgicos del crimen organizado tras las rejas.

La decisión busca atacar una de las herramientas más poderosas de las organizaciones criminales: la comunicación directa con el exterior.

El anuncio y la orden directa

La medida fue confirmada por el ministro de Justicia y del Derecho, Andrés Idárraga Franco, quien aseguró que la orden ya fue impartida a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) para que el bloqueo de señal se implemente sin más dilaciones.

El anuncio se hizo durante un acto oficial de entrega de equipos de seguridad al personal del INPEC, en la cárcel La Modelo. Allí, el ministro fue enfático: el problema está diagnosticado desde hace años y ya no admite más excusas.

Idárraga expresó su inconformidad por la persistencia del uso de celulares en los centros de reclusión, pese a que existen tecnologías capaces de impedirlo.

Comparó la situación con otros países donde este fenómeno ha sido controlado y cuestionó por qué en Colombia, durante tanto tiempo, los presos han seguido comunicándose libremente con el mundo exterior.

Una economía criminal que opera tras las rejas

Para las autoridades, el bloqueo de señal apunta directamente al corazón financiero de muchas estructuras criminales.

Extorsiones telefónicas, estafas digitales y coordinación de delitos han sido, durante años, una fuente constante de ingresos para bandas que operan desde prisión.

Las víctimas están afuera: comerciantes que pagan por miedo, familias que reciben llamadas amenazantes, ciudadanos engañados con falsas ofertas o secuestros simulados. El origen, muchas veces, está dentro de una celda.

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El Ejecutivo sostiene que cortar la comunicación ilegal debilitará estas economías criminales y reducirá el impacto de delitos que afectan a miles de personas en todo el país.

Sin embargo, el anuncio no está exento de preocupación. Diversos sectores han advertido que el bloqueo de señal debe aplicarse con reglas claras para no afectar derechos fundamentales, especialmente la comunicación de los internos con sus familiares y defensores legales.

El reto, coinciden expertos y organizaciones, será garantizar canales legales y controlados de comunicación, mientras se cierra definitivamente la puerta a las llamadas del delito.