Mientras el valor del pasaje volvió a subir por decreto, miles de usuarios del transporte público en Santa Marta continúan movilizándose en buses deteriorados, inseguros y sometidos a la llamada “guerra del centavo”. La tarifa aumentó, pero las mejoras siguen sin llegar.

En Santa Marta, el inicio de año volvió a traer el mismo anuncio: el pasaje de bus subió. Como ocurre cada enero, la Alcaldía Distrital fijó las nuevas tarifas del transporte público colectivo mediante decreto. El incremento es reglamentario, está respaldado por estudios técnicos y mesas de concertación, pero para los usuarios hay una pregunta que sigue sin respuesta: ¿cuándo se verán las mejoras en el transporte público?

El alza llegó, pero el servicio sigue siendo el mismo. O peor.

Viajar pagando más, pero en las mismas condiciones
Quienes usan a diario buses y busetas en la ciudad aseguran que el aumento no se ve reflejado en seguridad, comodidad ni calidad del servicio. Los vehículos siguen mostrando signos evidentes de desgaste: asientos rotos, puertas defectuosas, vidrios dañados y fallas mecánicas que obligan a detener los recorridos en plena vía.

Las averías son frecuentes. Los retrasos también. Y el riesgo, constante.

Para muchos samarios, el pasaje sube puntualmente cada año, pero el parque automotor parece estancado en el tiempo.

La guerra del centavo no se detiene

A ese panorama se suma una práctica que los usuarios denuncian desde hace años y que sigue sin un control efectivo: la llamada guerra del centavo. Conductores que compiten entre sí por recoger más pasajeros, aceleran sin medir consecuencias, se adelantan de forma imprudente y convierten cada trayecto en una carrera peligrosa.

“No respetan ni semáforos ni paraderos”, dicen usuarios que aseguran viajar con miedo, especialmente en horas pico. La exigencia es clara: mayor control por parte de las autoridades de movilidad para frenar una práctica que pone en riesgo vidas.

Lo que dice el decreto

El incremento tarifario quedó establecido en el decreto 237 del 23 de enero de 2026, firmado por el alcalde Carlos Pinedo Cuello, mediante el cual se reglamentaron los precios autorizados para el transporte público urbano.

Según el decreto, los buses sin aire acondicionado pueden cobrar un pasaje de $2.950, mientras que los vehículos con aire acondicionado están autorizados para cobrar $3.050. Las tarifas comenzaron a regir desde el 2 de enero.

La norma también impone condiciones: el cobro solo será válido si el vehículo tiene visible el aviso oficial con el valor del pasaje.

Avisos visibles, pero problemas intactos

El decreto establece que el aviso debe medir 5 por 5 centímetros y estar ubicado en un lugar visible antes de abordar el bus, con el objetivo de garantizar transparencia y evitar confusiones entre conductores y pasajeros.

Sin embargo, para los usuarios, la claridad en el precio no resuelve el problema de fondo. Saber cuánto se paga no cambia el estado del bus ni reduce el riesgo en la vía.

La exigencia ciudadana es clara y reiterada: si el pasaje sube cada año, el servicio también debería mejorar. Inversiones reales en el parque automotor, controles estrictos a la conducción temeraria y sanciones efectivas contra quienes ponen en peligro a los pasajeros.

Por ahora, el transporte público en Santa Marta arranca el año con tarifas nuevas, pero con los mismos reclamos de siempre.

Miles de samarios dependen del bus para ir al trabajo, al estudio o a sus casas. Pagan más, esperan más, pero reciben lo mismo. En una ciudad donde el transporte público es vital, el aumento del pasaje volvió a llegar primero que las soluciones.

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Y mientras eso no cambie, cada trayecto seguirá siendo una combinación de resignación, incomodidad y riesgo.