Un proyecto de ley presentado por la representante Jennifer Pedraza propone prohibir el ingreso a conciertos, partidos de fútbol y eventos masivos a padres y madres que estén en mora con la pensión alimenticia. La iniciativa pone el foco en una realidad persistente: quienes no responden por sus hijos, sí suelen tener dinero para el entretenimiento.

En Colombia, la escena se repite con una frecuencia que ya no escandaliza, pero sigue doliendo. Madres criando solas, multiplicándose entre el trabajo, el colegio, el mercado y las cuentas. Y padres que desaparecen de la crianza, pero no del ocio. No hay plata para la cuota alimentaria, pero sí para la boleta, la cerveza del estadio, el concierto del artista de moda o la foto para redes sociales.

Ese contraste —crudo y cotidiano— es el corazón del proyecto de ley que radicó la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, una iniciativa que busca cerrarles la puerta de los eventos masivos a quienes incumplen con la obligación de alimentar a sus hijos.

La propuesta parte de una premisa sencilla y frontal: si hay dinero para la diversión, también debe haberlo para los hijos.

“Para la boleta sí, para el hijo no”

Pedraza defendió el proyecto con una frase que resume la indignación social que rodea este tema:

“Si tiene plata para comprar una boleta para ver a su equipo del alma o a su artista favorito, también tiene plata para pagar por la alimentación de sus hijos”.

La congresista fue más allá. Señaló que no es aceptable que niños y niñas enfrenten carencias mientras sus padres morosos siguen llevando una vida de entretenimiento sin consecuencias.

“No podemos permitir que padres y madres irresponsables dejen en su casa a sus hijos aguantando hambre mientras ellos se van a pasarla bueno”, afirmó.

El mensaje es claro: no se trata de castigar el gusto por el ocio, sino de ordenar prioridades. Si hay presupuesto para la selfie con el artista, debería haber presupuesto para los útiles escolares. Si hay dinero para la gradería, debería existir para la comida, el médico y el uniforme.

Una herida abierta en cifras

El problema no es aislado ni marginal. Según datos citados por Pedraza, en Colombia se registran más de 130.000 denuncias al año por incumplimiento de la cuota alimentaria. Un número que no solo refleja conflicto legal, sino abandono, desgaste emocional y precariedad para miles de hogares.

Son procesos que, en muchos casos, recaen sobre madres que deben acudir a juzgados, comisarías de familia y entidades del Estado para exigir algo que no debería pedirse: que los padres respondan por sus hijos.

¿Qué plantea el proyecto?

La iniciativa propone impedir el ingreso a conciertos, espectáculos y eventos deportivos, especialmente partidos de fútbol, a quienes estén reportados como morosos en obligaciones alimentarias.

Para la congresista, resulta contradictorio que personas que incumplen con sus hijos puedan acceder libremente a actividades recreativas, beneficios estatales, cargos públicos o incluso contratos con el Estado.

“Esto es contrario al principio de prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrado en el artículo 44 de la Constitución”, señaló.

El proyecto no busca un llamado simbólico, sino un freno real que toque donde más duele: el bolsillo y la vida social.

La cuota alimentaria no es un favor

Otro punto clave del debate es desmontar una idea instalada durante años: que la cuota alimentaria es “solo comida” o “lo que se pueda dar”. Según el ICBF, esta obligación incluye vivienda, vestuario, salud, educación, recreación y todo lo necesario para el desarrollo integral del menor.

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No es una ayuda voluntaria. No es un gesto de buena voluntad. Es un deber legal y moral.