El presidente firmó el Decreto 0030 de 2026 y sepultó uno de los privilegios más cuestionados del Congreso: la prima especial de servicios. Desde el próximo periodo legislativo, senadores y representantes dejarán de recibir un ingreso millonario que durante años sobrevivió a la crisis económica y al rechazo ciudadano.

La tijera no tembló. Esta vez no fue un anuncio, ni una promesa de campaña, ni un discurso encendido desde la plaza pública. Fue un decreto firmado y vigente. Gustavo Petro cumplió y tocó donde más duele: el salario del Congreso.

Con el Decreto 0030 de 2026, el Gobierno Nacional eliminó la prima especial de servicios que durante años engrosó los ingresos de senadores y representantes, un beneficio que podía alcanzar los 16 millones de pesos y que convirtió al Capitolio en una burbuja salarial, aislada del país real que hace cuentas para llegar a fin de mes.

El golpe es simbólico, pero también fiscal. Y, sobre todo, político.

El decreto, elaborado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, no se limita a borrar una línea del presupuesto. En su argumentación, el Gobierno deja una frase que funciona como sentencia: la remuneración de los congresistas no guarda proporción con el ingreso promedio de los colombianos ni con la situación económica del país. No es un tecnicismo. Es un juicio.

Con esta decisión, el Ejecutivo deroga de manera expresa el Decreto 2170 de 2013, expedido durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que creó la prima como un reemplazo de beneficios de localización, vivienda y salud. Lo que nació como una compensación terminó consolidándose como un ingreso mensual cercano a los ocho millones de pesos, reajustable cada año y con impacto directo sobre otras prestaciones.

El nuevo decreto establece que la eliminación de la prima aplicará para los congresistas que se posesionen a partir del 20 de julio de 2026, cuando arranque el próximo periodo legislativo.

La medida se inscribe en una política de austeridad y sostenibilidad fiscal que el Gobierno defiende como necesaria en un país golpeado por la desigualdad. En el texto, el Ejecutivo recuerda que el principio de proteger el poder adquisitivo de los salarios públicos no es absoluto, menos aún cuando se trata de funcionarios con ingresos elevados.

Bajo ese enfoque, la administración Petro sostiene que el gasto público debe reorientarse para cerrar brechas sociales y no para sostener privilegios históricos, en coherencia con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026.

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El decreto también deja un mensaje de poder institucional: el Departamento Administrativo de la Función Pública es la única autoridad competente para definir el régimen salarial de los servidores del Estado, cerrando la puerta a reclamos paralelos o interpretaciones a la medida del Congreso.