Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada denunciaron persecución, operaciones militares en territorios indígenas y contradicciones del Gobierno. Convocaron una reunión urgente con el Estado, la ONU y la Iglesia para evitar una nueva escalada armada.

El proceso de paz en la Sierra Nevada está a punto de romperse. Así lo advirtieron las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), que denunciaron una supuesta persecución contra sus integrantes, la continuidad de operaciones militares y un quiebre de las garantías que, según ellos, sostenían los acercamientos con el Gobierno nacional.

En un comunicado, el Estado Mayor de las ACSN convocó una reunión de “carácter inaplazable” con la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, la Defensoría del Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Misión de Verificación de Naciones Unidas, la Iglesia Católica y la MAPP-OEA. El objetivo, aseguran, es evitar que la crisis actual desemboque en una nueva confrontación armada en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es la situación de Nain Pérez, alias El Bendito Menor. El grupo reconoce que se han presentado hechos que han generado tensión y cuestionamientos dentro del proceso, pero sostiene que estos episodios no pueden ser utilizados como argumento para desmontar los avances logrados. Recuerdan que, incluso después de acuerdos preliminares, se ejecutaron operaciones militares que dejaron muertos y heridos en sus filas, acciones que —afirman— asumieron sin levantarse de la mesa de diálogo.

“Busquemos soluciones y lleguemos a compromisos”, señala el documento, en el que las ACSN aseguran haber “dado la cara” pese a los golpes recibidos durante el proceso.

El comunicado también denuncia que, a pesar de los acercamientos con el Estado, no se suspendieron órdenes de captura y se habría intensificado la persecución contra miembros reconocidos dentro del proceso. En ese contexto, el grupo niega de manera tajante versiones sobre ataques a la Fuerza Pública y la supuesta instalación de vehículos con explosivos, asegurando que se trata de información falsa y campañas de desprestigio, algunas —según ellos— elaboradas con el uso de inteligencia artificial.

Insisten en que sus unidades mantienen la orden expresa de evitar enfrentamientos y retirarse para no escalar la violencia.

“Los enemigos de la paz siguen generando mala propaganda”, advierten.

Otro de los aspectos que genera mayor preocupación, según el documento, es el desarrollo de operaciones de búsqueda en territorios indígenas pertenecientes a resguardos de la Sierra Nevada. Las ACSN sostienen que estas acciones estarían aumentando el riesgo para la población civil y para sus propias tropas, debido a la coexistencia de otros actores armados ilegales como el Clan del Golfo, lo que incrementa la posibilidad de choques armados.

El grupo armado también cuestiona lo que considera una contradicción por parte del Gobierno nacional: mientras se anuncian suspensiones de órdenes de captura para algunos de sus integrantes, otros continúan siendo perseguidos. Esta situación, aseguran, los obliga a mantenerse en la clandestinidad y les impide adelantar labores comunitarias y de interlocución con las comunidades.

Como ejemplo citan la captura de José Luis Pérez Villanueva, comandante del Estado Mayor, durante una jornada social en Buritaca. Aunque posteriormente fue dejado en libertad mediante resolución oficial, para las ACSN este tipo de episodios rompe la confianza, debilita el proceso y aleja a sus voceros de los territorios.

Ante este panorama, el Estado Mayor de las ACSN propuso retomar compromisos claros, verificables y con acompañamiento de organismos nacionales e internacionales, detener las acciones militares y avanzar hacia la creación de una Zona de Ubicación Temporal que permita concentrar esfuerzos en la construcción de paz y no en la confrontación armada.

“Sentémonos y conversemos”, insisten, asegurando que cuentan con una hoja de ruta para una salida negociada. Como fecha tentativa para la reunión plantean el próximo 28 de enero de 2026, argumentando que la urgencia de la situación no admite dilaciones.

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El comunicado concluye con la habilitación de un canal oficial de comunicación directa y una advertencia implícita: las decisiones que se tomen en los próximos días podrían definir si la Sierra Nevada de Santa Marta avanza hacia una salida negociada o se genera un escenario de confrontación.