Los mandatarios departamentales consideran que el aumento de impuestos decretado por el Gobierno amenaza las finanzas regionales, afecta servicios esenciales y vulnera la autonomía territorial. Buscan bloquear su aplicación mientras la Corte Constitucional decide.

El malestar venía creciendo desde que el Gobierno nacional oficializó el decreto de emergencia económica. Esta semana, ese inconformismo se materializó en una postura común: 17 gobernadores del país decidieron no aplicar la norma y abrir un frente jurídico para contener sus efectos. El mensaje es claro: no se trata solo de un desacuerdo político, sino de una advertencia sobre el impacto real que la medida tendría en las regiones.

Reunidos en la sede de la Federación Nacional de Departamentos (FND), los mandatarios coincidieron en que el Decreto 1474 de 2025, que eleva el IVA del 5 % al 19 % y aumenta el impuesto al consumo de productos como licores y cigarrillos, golpea directamente las principales fuentes de ingresos de los departamentos. En su análisis, la decisión del Ejecutivo traslada a los territorios una carga fiscal que pone en jaque la financiación de sectores sensibles como la salud, la educación y el deporte.

Más allá de rechazar el decreto, los gobernadores dejaron ver qué es lo que realmente buscan: ganar tiempo, proteger sus finanzas y evitar que una medida tomada en el marco de la emergencia termine desajustando presupuestos ya frágiles. Por eso anunciaron que estudian aplicar la excepción de inconstitucionalidad, una herramienta que les permitiría no acatar la norma mientras la Corte Constitucional evalúa si el decreto se ajusta o no a la Carta Política.

En el fondo, el reclamo apunta a la autonomía territorial. Los mandatarios consideran que el incremento de los impuestos al consumo afecta ingresos que históricamente han administrado los departamentos y que son esenciales para cumplir compromisos como el pago del régimen subsidiado de salud. Según ellos, la emergencia no puede convertirse en una vía para modificar de forma abrupta el equilibrio fiscal regional.

Con ese objetivo, solicitarán un espacio formal ante la Corte Constitucional para exponer su posición. Una comisión integrada por varios gobernadores y gobernadoras asumirá la vocería nacional, con la intención de advertir al alto tribunal sobre lo que consideran un riesgo estructural para las finanzas departamentales si el decreto se mantiene vigente.

La tensión con el Gobierno se hizo más evidente tras las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien cuestionó la postura de los gobernadores y sugirió que estarían invadiendo competencias de la Corte. Desde las regiones, la respuesta fue inmediata: defendieron su derecho a pronunciarse y a actuar para proteger los intereses de sus territorios, y reclamaron respeto por la institucionalidad que representan.

El debate fiscal se cruza, además, con un contexto de seguridad y control territorial que inquieta a los mandatarios. Por eso también pidieron la convocatoria urgente de Consejos Regionales de Seguridad para revisar el Plan Democracia y reforzar acciones que prevengan presiones armadas, confinamientos y prácticas de constreñimiento electoral en las regiones.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, puso un ejemplo concreto de lo que temen los departamentos: el aumento del impuesto a los cigarrillos, dijo, puede terminar fortaleciendo el contrabando y desviando recursos hacia economías ilegales.

“El cigarrillo por efecto del contrabando, que en muchos casos viene de grupos ilegales, está redistribuyendo las rentas y eso hace que ni siquiera tengamos recursos para pagar la Adres con el régimen subsidiado”, advirtió.

La iniciativa contra el decreto de emergencia económica es encabezada por los gobernadores Adriana Magali Matiz, del Tolima; Dilian Francisca Toro, del Valle del Cauca; Andrés Julián Rendón, de Antioquia; Luis Francisco Ruiz, de Caquetá; Luis Alfonso Escobar, de Nariño; y Erasmo Zuleta Bechara, de Córdoba, quien además preside la Federación Nacional de Departamentos, y quienes conforman la comisión que asumirá la vocería nacional y llevará ante la Corte Constitucional la posición de los territorios que consideran que la medida del Gobierno pone en riesgo la estabilidad financiera y la autonomía fiscal departamental.

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Así, lo que está en juego va más allá de un decreto puntual. Los gobernadores buscan frenar una decisión que consideran apresurada, preservar su margen de maniobra fiscal y obligar al Gobierno a abrir un diálogo sobre cómo enfrentar la emergencia sin desfinanciar a las regiones. La última palabra la tendrá la Corte Constitucional, pero mientras tanto, los territorios ya marcaron su línea roja.